Posición de la CAME ante la reforma laboral
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ha manifestado su postura oficial respecto a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. A través de un comunicado presentado en el Senado, la entidad mostró su apoyo general a la iniciativa, aunque advirtió sobre ciertos cambios en los convenios colectivos que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica del sector.
Artículos cuestionados
La preocupación de la CAME se centra en cinco artículos del proyecto de ley, específicamente del 126 al 132. Según la organización, la aprobación de estos artículos podría desvirtuar el objetivo principal de la reforma y dar lugar a un escenario de mayor imprevisibilidad y conflictividad laboral. En consecuencia, exigieron de manera «imperiosa» la eliminación de estos puntos del texto definitivo.
El artículo más crítico es el 126, que restringe la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos solo a sus cláusulas normativas, excluyendo las cláusulas obligacionales, que son definidas libremente por las partes durante la negociación. La CAME considera que esta restricción crea un conflicto con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con los convenios internacionales de la OIT, lo que podría desencadenar disputas que actualmente están contenidas por acuerdos vigentes. La entidad argumenta que esto «desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como instrumento integral; rompe el equilibrio entre las partes; debilita la autonomía y la libertad de negociación colectiva y genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral».
Otras objeciones significativas
Otro aspecto problemático identificado es el artículo 128, que prohíbe los aportes obligatorios para las organizaciones empresariales, mientras que permite los de los sindicatos. La CAME ha manifestado que esta asimetría resulta en un trato inequitativo y discriminatorio, el cual podría amenazar la representación empresarial a nivel nacional y alterar el equilibrio en las negociaciones colectivas.
Las críticas también se extienden a los artículos 130 y 131, que establecen la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de actividad. La CAME sostiene que este cambio fragmentaría el marco normativo de las diversas actividades económicas y podría generar disparidades salariales injustificadas, afectando el principio de igual remuneración por igual tarea.
El artículo 132 es otro punto de controversia, ya que concede al Estado la facultad de suspender la vigencia de convenios colectivos bajo amplias justificaciones, como «distorsiones económicas graves» o «interés general». Para la CAME, este poder introduce una discrecionalidad excesiva que aporta un factor adicional de inestabilidad y debilita la previsibilidad necesaria tanto para empleadores como para trabajadores en la planificación de sus actividades.
El documento, firmado por el presidente de la entidad, Ricardo Diab, y la secretaria general, Beatriz Tourn, enfatiza que las recomendaciones están orientadas a desarrollar una norma que proporcione estabilidad, certezas, previsibilidad y, sobre todo, equidad. Estas condiciones son consideradas básicas por la CAME para disminuir la litigiosidad y estructurar la relación entre trabajadores y empresas, sin menoscabar el sistema de negociación colectiva.
Contexto y presión sobre la reforma
Las inquietudes del sector pyme se suman a otras presiones que enfrenta el proyecto. Por un lado, la CGT, al frente del ala sindical, busca implementar modificaciones mediante negociaciones con legisladores del centro político. Por otro lado, los gobernadores han expresado su preocupación por el efecto fiscal de los ajustes impositivos propuestos en un contexto de recaudación provincial en declive. El Gobierno espera aprobar la iniciativa de «Modernización Laboral» en el Senado el 11 de febrero.