Home Sociedad Ley de Inocencia Fiscal: las provincias mantienen su capacidad para actuar contra quienes blanqueen sus dólares

Ley de Inocencia Fiscal: las provincias mantienen su capacidad para actuar contra quienes blanqueen sus dólares

Ley de Inocencia Fiscal: las provincias mantienen su capacidad para actuar contra quienes blanqueen sus dólares

La Ley y su Impacto en las Provincias

Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, anima a los argentinos a llevar sus ahorros en dólares a los bancos, los fiscos de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires se preparan para aprovechar la situación. Las nuevas disposiciones de «presunción de inocencia fiscal» que el Gobierno nacional acaba de implementar no serán aplicables en las provincias, permitiéndoles exigir el Impuesto a los Ingresos Brutos de períodos en los que consideren que se generaron ingresos.

La ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que entre otras cosas reduce a 3 años el plazo de prescripción de deudas, no se aplica a los estados subnacionales. Estos seguirán regidos por sus propios códigos y leyes tributarias, y no hay forma de que se adhieran a la legislación nacional. Por lo tanto, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrán que solicitar a sus respectivas legislaturas que modifiquen sus normativas para alinearse con las nuevas directrices del Gobierno.

Implicaciones Prácticas y Opciones para la Formalización de Dólares

Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, «operativamente, no es que las provincias y la CABA puedan adherir; deben modificar sus códigos fiscales de manera similar, algo que aún no ha ocurrido». Por ejemplo, lo que se refiere a los dólares en efectivo, la legislación provincial deberá ser ajustada para que solo se consideren ingresos reales y no incrementos patrimoniales que puedan ser interpretados como ingresos.

La falta de coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias podría obstaculizar las intenciones de Caputo de incorporar al circuito financiero la mayor parte de los u$s251.000 millones que los argentinos tienen fuera de él.

Respecto a cómo se puede «formalizar» el dinero en dólares sin incurrir en el Impuesto a los Ingresos Brutos, Domínguez sugirió que una persona puede «formalizar» sus dólares realizando una compra y depositando el dinero en la cuenta del vendedor. «Es importante aclarar que la ley no establece un requisito de bancarización estricta. Eso figura en el decreto reglamentario, que menciona que hay que bancarizarse en la cuenta de origen o en la de destino».

«Si se realiza una bancarización en la cuenta de la persona a la que se le realiza la compra, no se generará el cobro del Impuesto a los Ingresos Brutos, lo cual sería lo óptimo. Es inadvisable hacerlo en la propia cuenta donde el fisco podría tener conocimiento de esos depósitos y posteriormente ajustarse a esos valores para el cobro de dicho impuesto».

Respuestas en la Provincia de Buenos Aires

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ha criticado el Régimen de Inocencia Fiscal que ha sido recientemente reglamentado por el Gobierno nacional. Girard sostiene que este régimen está destinado a favorecer a evasores de altos patrimonios, disfrazado de una medida que intenta atraer a la clase media sin otorgar beneficios concretos.

En declaraciones radiales, el director enfatizó: «Lo que el Gobierno denomina ‘inocencia fiscal’ prácticamente permite un blanqueo permanente dirigido principalmente a aquellos con altas capacidades económicas que han evadido impuestos». Además, subrayó que, aunque se vincula la ley con valores como la libertad individual y la iniciativa privada, sus beneficios se centran en grandes patrimonios, dejando fuera a la clase media trabajadora.

«Se busca hacer creer que la evasión ya no es un delito penal, lo cual es incorrecto. La ley penal no ha cambiado; únicamente el fisco ha decidido no controlar hasta ciertos montos elevados, pero el delito continúa existiendo», advirtió Girard.

Finalmente, el director apuntó que este régimen crea una falsa sensación de seguridad jurídica que puede resultar perjudicial para aquellos que decidan adherirse. «Un cambio en la administración o en la política de control puede revocar las condiciones actuales. Las deudas solo se extinguen con la prescripción, lo que implica que el riesgo sigue presente».