Dictamen aprobado en Diputados
Este miércoles, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró conseguir la aprobación del dictamen de mayoría respecto al nuevo Régimen Penal Juvenil. Este proyecto, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, recibió 81 firmas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia, gracias al respaldo de fuerzas políticas como el PRO, la UCR, el MID y varios bloques provinciales.
Detalles del proyecto
Según lo estipulado en el proyecto, se establece que los 14 años será la edad mínima de punibilidad para crímenes graves que incluyen homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros, con una pena máxima de prisión de hasta 15 años. Adicionalmente, se contempla una serie de penas alternativas para crímenes que acarrean penas menores a los 10 años, tales como:
- Prohibición de acercamiento a la víctima.
- Servicios comunitarios.
- Monitoreo electrónico.
- Reparación integral del daño.
Laura Rodríguez Machado, diputada nacional y presidenta del plenario de comisiones, destacó que «este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable«. Añadió que «no se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural», sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que ha funcionado durante décadas con vacíos y contradicciones.
Retiro del proyecto inicial
Un día antes, el gobierno había presentado un proyecto que proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero lo retiró rápidamente debido a que el PRO y la UCR se mantuvieron firmes en la posición de fijar el límite en 14 años, respetando así el consenso alcanzado el año anterior.
Otra característica importante del nuevo proyecto es la inclusión de un monto específico de $23.739.155.303 para su implementación, desglosando las asignaciones para el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
Posturas variadas entre los bloques
A pesar del apoyo del PRO, la UCR, el MID, y demás bloques provinciales, donde el oficialismo tiene asegurado el quórum, existen otras fuerzas que ya han anticipado que buscarán modificaciones en torno al financiamiento y condiciones de detención.
El nuevo régimen plantea que la privación de libertad se aplique solo como último recurso, priorizando las penas alternativas. Además, se crearán institutos especiales asegurando derecho a educación, atención médica y tratamiento para adicciones, con personal capacitado en temas de infancia y adolescencia.
Medidas complementarias
Las penas alternativas a la prisión incluirán:
- Amonestaciones.
- Prohibiciones de acercamiento a la víctima.
- Servicio comunitario.
- Monitoreo electrónico.
- Reparación del daño.
Los proyectos también contemplan programas en áreas como educación, formación ciudadana, capacitación laboral y asistencia psicológica. El cumplimiento de las medidas será supervisado por un especialista designado por el juez, garantizando atención adecuada a aquellos menores con problemas de salud mental, consumo problemático de sustancias o ambientes familiares violentos.