Investigación sobre el desvío de anestésicos
La investigación judicial en torno al desvío de anestésicos de uso hospitalario ha revelado un complejo entramado de conexiones entre profesionales de la salud. Este caso cobró notoriedad tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y el descubrimiento de indicios relacionados con el uso de estos fármacos en entornos no médicos. En este contexto, nuevos elementos en la causa han permitido a los investigadores delinear un esquema de relaciones que intentan organizar.
Detalles sobre la muerte de Alejandro Zalazar
La muerte de Alejandro Zalazar, anestesista vinculado al Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, originó la investigación al encontrarse anestésicos y otros insumos médicos en su hogar, además de dar pie a indagaciones acerca de reuniones privadas donde se habrían utilizado estas sustancias fuera del ámbito asistencial. Zalazar, que había realizado su residencia en el Hospital Rivadavia, fue hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento en Palermo, luego de que su familia no lograra contactarse con él. Al acceder a su vivienda, se encontró su cuerpo en una habitación y profesionales médicos confirmaron su fallecimiento, sin señales de violencia ni indicios de intervención ajena.
La causa de su muerte fue establecida como una sobredosis de propofol y fentanilo, fármacos habitualmente utilizados en anestesia intravenosa en hospitales. En su casa, se hallaron medicamentos y equipos médicos, lo que dio inicio a una serie de investigaciones para rastrear la procedencia de dichos insumos.
El análisis de la trazabilidad de los fármacos detectados reveló que estos pertenecían al Hospital Italiano de Buenos Aires, donde Zalazar no estaba empleado. Este hallazgo provocó un procedimiento interno en la institución, donde fueron identificados el médico del área de Anestesiología Hernán Boveri y la residente de tercer año Delfina Lanusse, como presuntos responsables del robo y la distribución de estos anestésicos.
Los principales implicados en la investigación
Entre los elementos claves de la causa, destacan Hernán Boveri y Delfina Lanusse, ambos asociados al servicio de Anestesiología del Hospital Italiano. Boveri, un anestesiólogo de vasta trayectoria, fue identificado como uno de los principales sospechosos, habiendo realizado su formación en la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia incluye roles relevantes dentro de la institución y la participación activa en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Fue indagado pero eligió no declarar en el caso que examina la posible sustracción de medicamentos.
Delfina Lanusse, actual residente en Anestesiología desde septiembre de 2023, había realizado previamente estudios en la Universidad Austral, participando activamente en procedimientos anestésicos en el hospital. Durante su interrogatorio, realizó un descargo verbal prometiendo ampliarlo por escrito, sin aportar información concreta sobre el caso.
La figura de la intermediaria y el recorrido de los fármacos
Según se ha informado, surgió una figura intermediaria conocida como Tati, vinculada a diferentes actores del caso. Esta persona, identificada como Chantal Leclercq, es residente de anestesiología del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia y conecta dos causas investigadas: la muerte de Zalazar y la sustracción de propofol del Hospital Italiano. Aunque no está imputada en ninguna de las causas, su testimonio ha sido clave para señalar conexiones directas entre los protagonistas de ambas investigaciones.
Análisis del uso indebido de anestésicos y las reuniones clandestinas
El foco de la causa se centra en cómo sustancias como el propofol y el fentanilo, que no están disponibles en farmacias y tienen uso restringido, lograron salir del ámbito hospitalario. Las pesquisas sugieren un posible esquema de robo hormiga de anestésicos que pudo llevarse a cabo durante años, con múltiples extracciones a lo largo del tiempo.
La notoriedad pública del caso se debe a las referencias sobre encuentros privados donde estas sustancias habrían sido utilizadas. Se investiga la existencia de reuniones en domicilios, donde se habrían administrado anestésicos sin control médico, además de la hipótesis de experiencias denominadas «viajes controlados», en las que individuos accedían a estos fármacos bajo ciertas circunstancias.
Contexto de la causa y sus implicaciones legales
La investigación formal se inició el 23 de febrero y se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, con la intervención de la Fiscalía N°49. La pesquisa tiene como objetivo esclarecer cómo anestésicos hospitalarios fueron sustraídos y utilizados fuera del contexto asistencial. Aunque aún no se ha definido formalmente la carátula de la causa, se evalúan posibles delitos como el hurto, que podría acarrear hasta dos años de prisión, o la administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años. Asimismo, la muerte de Zalazar se está investigando como una averiguación de muerte dudosa bajo la fiscalización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6.