Un caso de contaminación ambiental en la provincia de Buenos Aires
La investigación judicial ha hecho énfasis en un tema crucial en el ámbito productivo bonaerense: la relación entre la industria y la protección ambiental. En este contexto, un frigorífico dedicado al procesamiento de aves ubicado en Roque Pérez se encuentra en la mira por su posible responsabilidad en la contaminación del Río Salado, una de las fuentes hídricas más importantes de la provincia.
Decisión judicial y consecuencias
El juez federal Gabriel Di Giulio decidió procesar, sin prisión preventiva, al presidente de Absolon S.A., al considerar que hay pruebas suficientes para afirmar que, al menos desde enero de 2023 hasta febrero de 2025, hubo vertidos de efluentes contaminantes al río sin el tratamiento adecuado. Además, el juez ordenó un embargo de $20 millones sobre el imputado.
El caso se encuentra regulado por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, específicamente en su artículo 55, que estipula penas de entre tres y diez años de prisión para quienes contaminen peligrosamente el medio ambiente afectando agua, suelo o salud. Esta normativa también penaliza a los directivos de empresas cuya actuación derive de decisiones empresariales.
Recolección de evidencia y hallazgos
La causa fue iniciada a raíz de una denuncia realizada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), liderada por el fiscal Ramiro González. Posteriormente, la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, bajo el mando del fiscal Santiago Eyherabide, llevó a cabo varias medidas de prueba que incluyeron inspecciones técnicas, recolección de muestras y análisis en laboratorio.
Los resultados, según la acusación, fueron contundentes: todas las muestras recolectadas mostraron concentraciones de sustancias contaminantes por encima de lo permitido por la normativa vigente, lo que sugiere un vertido sistemático de residuos industriales en el curso del agua.
Violaciones en el tratamiento de efluentes
Adicionalmente, las inspecciones revelaron infracciones en los procesos de tratamiento de efluentes dentro de la planta. De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, estas irregularidades no fueron eventos aislados, sino parte de un comportamiento sostenido y relacionado directamente con el proceso productivo de la empresa.
La Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA) también se involucró, habiendo implementado con anterioridad medidas administrativas contra la compañía, que incluyeron clausuras preventivas, sanciones económicas y solicitudes de adecuación estructural para optimizar el tratamiento de residuos líquidos.
Impacto en el ecosistema
Uno de los aspectos más destacados del fallo judicial es el impacto de las acciones investigadas. El Río Salado, que atraviesa gran parte de la provincia de Buenos Aires, juega un papel crucial tanto en el ecosistema como en la economía regional. La calidad de su caudal es vital para las actividades agropecuarias, en particular para las zonas ganaderas y agrícolas.
El juez Di Giulio enfatizó que el vertido de efluentes sin tratamiento adecuado pone en riesgo «el agua, la vida y el ambiente en general». Los residuos encontrados en las muestras fueron clasificados como peligrosos de acuerdo con los parámetros del Anexo II de la Ley 24.051.
Reiteración y responsabilidad
La causa también pone de relieve la continuidad de la conducta imputada. A pesar de las advertencias y sanciones previas, se alega que la empresa ha seguido vertiendo efluentes, debilitando así su principal argumento de defensa: la supuesta falta de intención. Para el magistrado, la reiteración de estos actos refuerza la responsabilidad del directivo.
Otro factor considerado en la decisión fue el estado de las obras que la compañía había prometido para mejorar su sistema de tratamiento. El expediente indica que estas adecuaciones eran insuficientes para la cantidad de residuos generados y que se encontraban paralizadas desde hacía aproximadamente dos años. Instalaciones cruciales, como las lagunas para tratamiento, no operaban en absoluto.
Un problema más amplio y futuro del caso
Este asunto se enmarca en una serie de investigaciones similares en la región. En diciembre de 2025, la Justicia ya había procesado a otro directivo de un frigorífico en el marco de esta misma línea de investigación, lo que subraya la preocupación por el control ambiental en esta industria. Más allá de las responsabilidades individuales, el caso abre un debate más amplio sobre la supervisión, las inversiones necesarias en infraestructura ambiental y el papel del Estado en la regulación de actividades productivas.
En regiones donde la agroindustria es fundamental para la economía, los incidentes de contaminación amenazan un delicado equilibrio: producir sin degradar. La resolución judicial es un avance significativo en el proceso, aunque no implica una condena definitiva. Esto marca un avance significativo en la causa y podría dar lugar a un eventual juicio oral. Entretanto, el Río Salado sigue siendo un silencioso testigo de un conflicto que trasciende a una sola empresa y cuestiona el modelo de desarrollo y sus límites.