Contexto de la Emergencia en Discapacidad
A pesar del resultado obtenido en la jornada electoral del domingo, Javier Milei ha decidido mantener su postura firme. El Congreso ha continuado impulsando la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta finales de 2026. Según fuentes provenientes de la Casa Rosada, el presidente podría judicializar esta disposición. Sin embargo, especialistas jurídicos advierten que, a menos que logre una medida cautelar, el presidente está obligado a implementar la ley.
Las opciones del Ejecutivo
- Una alternativa que se considera en el Ejecutivo es «dejarla morir».
- La oposición también ha amenazado con destituir al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Desarrollo legislativo y obligación del Ejecutivo
El destino de la situación en torno a la Emergencia en Discapacidad parecía resolverse este lunes, cuando el Senado comunicó a la Casa Rosada la insistencia en la ley, que comenzó su debate en Diputados a inicios de año. Esto llevó a que se convirtiera oficialmente en ley de acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional.
La notificación fue remitida a Balcarce 50 después de que el Senado ratificara la ley con un respaldo de 63 votos a favor y 7 en contra. El artículo 83 establece que, tras un veto presidencial, si ambas cámaras sancionan el proyecto con la misma mayoría, este se convierte en ley y debe ser promulgado por el Ejecutivo. Los abogados constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto han interpretado esta situación como obligatoria para el presidente.
La única opción judicial
Los analistas sugieren que la única alternativa viable para Milei sería acudir al Poder Judicial y obtener una medida cautelar que le permita no aplicar la ley. Mientras tanto, la ley está en vigor. Un comentario humorístico de otro jurista destacó la incertidumbre sobre si el juez Maraniello estará disponible para tratar este caso, haciendo alusión a un incidente previo relacionado con audios de la hermana del presidente.
Desafíos para el Ejecutivo
Gil Domínguez cuestionó sobre a quién podría demandar Milei: «¿Al Congreso? ¿Por ejercer facultades propias?» A esto se sumó Armesto, quien ha señalado que la Corte no interviene en decisiones de otros poderes. Por otro lado, en una reunión reciente de la Comisión de Discapacidad que preside Daniel Arroyo, se mencionó que el jefe de Gabinete debería reasignar los fondos necesarios para la implementación de la ley y actualizar los nomencladores correspondientes.
La presión sobre el Gabinete
El gobierno enfrenta un dilema, ya que si reasigna partidas, reconocería la validez de la ley que Milei rechaza. En este sentido, podría considerarse la posibilidad de reglamentar la ley de manera tal que su aplicación sea inviable. En caso de no llevar a cabo la reasignación, tanto Milei como Franco podrían enfrentarse a cargos legales por incumplimiento de sus deberes públicos.
Por su parte, el diputado Oscar Agost Carreño del Encuentro Federal ha resaltado que el Congreso podría actuar contra Franco, recordando que este tiene la responsabilidad sobre la administración del país. «El Congreso ha dejado sin efecto el veto a la Ley de Discapacidad. El Jefe de Gabinete debe reasignar las partidas conforme a la ley», sostuvo en Twitter. También advirtió que el Congreso podría tomar acciones como la interpelación o una moción de censura en caso de que no se cumpla con lo establecido por la ley.
El propio Arroyo ha informado a los miembros de la comisión que se llevará a cabo un seguimiento continuo para asegurar la implementación de la ley.