Reducción drástica en la partida para jubilados
Hace un año, el Gobierno había propuesto un presupuesto para 2025 que incluía $390.050 millones destinados a cancelar deudas previsionales reconocidas tanto judicial como administrativamente por la ANSeS. Sin embargo, en el nuevo Presupuesto 2026, recientemente presentado por el presidente Milei, esta cifra disminuye a $212.288 millones. Esto representa una reducción nominal del 45% y casi un 60% al ajustarse por inflación.
Impacto en los pagos de sentencias
Actualmente, no se ha informado oficialmente cuántas sentencias previsionales han sido pagadas en lo que va del año ni cuáles son los montos cancelados. Además, no hay claridad sobre el total que se desembolsará hasta fin de 2025. En julio de este año, la ANSeS decidió diferenciar la actualización del haber mensual de los pagos de retroactividad, priorizando los reajustes de las sentencias firmes más antiguas y dejando los pagos de retroactivos para una etapa posterior, que aún no se ha definido.
Estado de los juicios
Se estima que la ANSeS tiene en curso alrededor de 270.000 juicios, de los cuales 90.000 cuentan con sentencias firmes que aún esperan ser pagadas. Según la normativa previsional, estas sentencias deben ser saldadas en un plazo de 120 días, incluyendo la retroactividad desde dos años previos al inicio del juicio y los reajustes correspondientes. Sin embargo, dicho plazo no se respeta, ya que la ANSeS solamente abona anualmente la cantidad dispuesta en el Presupuesto Nacional, que permite el pago de aproximadamente 35.000 a 40.000 sentencias. Esto se agrava con la entrada de nuevos juicios y la tendencia de los abogados a reclamar incorrectas liquidaciones, lo que deriva en nuevos litigios o embargos sobre las cuentas de la ANSeS.
El papel de la Corte Suprema
Las sentencias firmes no aumentan significativamente debido a la falta de pronunciamientos por parte de la Corte Suprema sobre casos apelados por la ANSeS que han estado en espera durante años. El auge en las demandas judiciales se remonta a fallos de la Corte, como el caso Badaro en 2007, que abordó los escasos aumentos otorgados entre 2002 y 2006, y el caso Elliff en 2009, que reajustó las jubilaciones en base a variaciones correspondientes. Además, un fallo reciente de la Corte, relacionado con el caso Lucio Blanco, reafirmó el uso del índice ISBIC para reajustes de haberes, impactando a aquellos jubilados que se retiraron antes de febrero de 2018.
Reclamaciones adicionales y situación actual
Desde principios de 2018, se han sumado nuevos reclamos, como el de la causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS, que declaró inconstitucional un aumento del 5,71% dado a jubilados en marzo de 2018. Este fallo estipuló la aplicación de una fórmula de movilidad anterior que alcanzaba el 14,5%. ANSeS ha apelado dicho fallo, pero se espera la decisión final de la Corte. También hay diversas demandas sobre la anulación de pensiones por discapacidad y el descuento del Impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones. Adicionalmente, se cuestionan los topes que impone la ANSeS sobre las liquidaciones de los haberes más altos.
La situación se agravó con los aumentos decretados en 2020, que llevaron a una pirámide previsional desequilibrada y a una pérdida del 19,5% en los haberes durante la gestión de Macri, lo que originó más reclamos por la suspensión retroactiva de la movilidad. Varios fallos han declarado inconstitucionales esos aumentos, ya que resultaron inferiores a lo que se hubiera conseguido mediante la fórmula aprobada en 2017. Por su parte, las Cámaras Federales y de Seguridad Social han declarado la inconstitucionalidad sobre la fórmula de movilidad aplicada entre 2021 y marzo de 2024, y han ordenado reparar la pérdida acumulada durante ese período, una situación que el Gobierno reconoce pero no repara. Asimismo, el bono de hasta $70.000 para jubilaciones mínimas permanece congelado desde marzo de 2024, afectando también a los beneficiarios de haberes medios que, en los últimos cinco años, han sufrido una pérdida considerable en comparación con los sueldos de los trabajadores activos.