Decisión judicial sobre el puente Soler-Ciudad de La Paz
La controversia en torno al puente ferroviario Soler-Ciudad de La Paz ha incorporado un nuevo desarrollo tras un fallo judicial que ordena la suspensión de cualquier intento de desarme o demolición. Esta emblemática estructura, que data de 1919, conecta los barrios de Palermo, Colegiales y Belgrano y cuenta con una protección patrimonial preventiva desde 2017.
El puente permaneció cerrado desde enero de 2023 hasta marzo de 2025, periodo durante el cual se llevaron a cabo elecciones y se produjeron cambios en las autoridades tanto del gobierno de la ciudad como a nivel nacional. Las obras de mantenimiento enfrentaron un conflicto político, ya que, aunque la responsabilidad recae en el Gobierno de la Ciudad, su ubicación también requiere la intervención del Gobierno Nacional.
Impacto en la comunidad local
Durante casi un año, las autoridades de ambas jurisdicciones intercambiaron responsabilidades, lo que afectó directamente a las familias vecinas, ya que la degradación del entorno y los problemas de movilidad se hicieron evidentes. En agosto, el Gobierno porteño anunció su intención de construir un nuevo puente tras concluir que la vida útil del actual estaba «completamente agotada».
Los vecinos han estado vigilantes sobre la situación del puente durante varios años, habiendo manifestado su preocupación inicialmente por su cierre, después por la falta de obras para su reapertura y, finalmente, por el anuncio del reemplazo. Con consignas como «el puente se queda» y «no a la descatalogación«, organizaron una campaña de firmas a través de la plataforma Change y llevaron a cabo visitas guiadas para aprender sobre el puente y su historia, además de emprender acciones legales.
Medida cautelar y futuro del puente
Según La Nación, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº15 ha dictado una medida cautelar que ordena detener cualquier intento de demolición o desarme de la estructura. Este fallo se alinea con una resolución adoptada hace aproximadamente un mes por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), que decidió no descatalogar el puente, lo que significa que no podrá ser reemplazado por uno nuevo y obliga a la Ciudad a tomar las medidas necesarias para su restauración y mantenimiento.
La obra que el Gobierno había anunciado en agosto sería gestionada por AUSA y actualmente está en proceso de licitación. La idea inicial era desmantelar el puente y trasladarlo a otra ubicación para sustituirlo por uno nuevo, con el fin de garantizar la seguridad vial y ferroviaria.