Interposición de un amparo
El PRO ha presentado un amparo legal con el objetivo de frenar la designación de las nuevas autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN). Esta acción se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el partido y La Libertad Avanza.
La iniciativa fue promovida por Cristian Ritondo, quien se desempeña como jefe del bloque de diputados de la fuerza política liderada por Mauricio Macri. En el escrito, se hace hincapié en una presunta violación de la Constitución Nacional, subrayando la necesidad de «defender la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones».
Detalles del amparo
La terna propuesta para ocupar los cargos ha sido respaldada por 186 votos a favor y dosa abstenciones. Esta lista incluye a Rita Mónica Almada, designada por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, cercano a Máximo Kirchner y del peronismo; y a la exdiputada nacional salteña, Pamela Calletti, representante de Innovación Federal.
Ritondo ha señalado en el amparo que las designaciones fueron realizadas en un proceso «abiertamente inconstitucional» y «irregular», durante la sesión en Diputados que tuvo lugar en la madrugada del jueves. El legislador ha argumentado que estas nombramientos se hicieron «fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias», contraviniendo el artículo 63 de la Constitución Nacional. Según su exposición, «el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema».
El dirigente del PRO además criticó que la votación se llevó a cabo a altas horas de la madrugada, sin la debida publicidad ni transparencia, sin un dictamen previo, sin debate parlamentario y sin el cumplimiento de esenciales procedimientos reglamentarios, lo cual, a su juicio, convierte el acto en «nulo de nulidad absoluta».
Solicitudes a la Justicia
Ritondo expuso que los sucesos han impactado directamente en los derechos políticos de los diputados y han comprometido el equilibrio institucional del sistema de control del Estado. Recalcó que «la Auditoría General de la Nación no es un órgano administrativo interno, sino un órgano constitucional clave para vigilar la utilización de los recursos públicos».
En su presentación ante la Justicia, pidió que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución que nombró a los auditores, que se adopte una medida cautelar urgente para evitar que estos asuman o actúen en la AGN hasta que haya una sentencia definitiva y se restaure el estado institucional previo al acto cuestionado.
Finalmente, el diputado del PRO enfatizó que la discusión no es meramente política ni se centra en personas específicas, sino en la defensa de la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones. Resaltó también que el Congreso carece de facultades para incluir temas en su agenda por iniciativa propia durante las sesiones extraordinarias, y avanzando con la designación de autoridades de la AGN fuera de este marco, se debilita el sistema de control.