Advertencia sobre el Presupuesto y la Emergencia Sanitaria
En el contexto del debate actual sobre el nuevo presupuesto, el cual recibió media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada y se discutirá hoy en el Senado, la Unión Argentina de Salud (UAS) ha manifestado su inquietud. El organismo advirtió que si se elimina la emergencia sanitaria, se pondría en riesgo a más de 1 millón de empleados del sector y se dejaría al borde del cierre a cientos de empresas dedicadas a la salud.
Preocupaciones por la eliminación del Capítulo XI
La UAS, que representa a 17 cámaras que incluyen clínicas, sanatorios y empresas de emergencias médicas, expresó su alarma por la reciente supresión del Capítulo XI, artículo 78 de la Ley de Presupuesto. Este capítulo contemplaba la derogación de varias leyes, incluyendo la de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y la movilidad de las asignaciones familiares, así como la extensión de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026.
Este estado de emergencia ha sido vigente desde el año 2001. Según los representantes del sector, la continuidad de esta situación se debe a que «ningún gobierno ha solucionado los problemas fundamentales de la industria ni se han ajustado los precios y costos».
Riesgo para institiciones y empleo
El comunicado de la UAS alerta que la votación en Diputados ha dejado a más de 5.000 instituciones en una situación de vulnerabilidad extrema, poniendo en peligro más de 1 millón de puestos de trabajo registrados en clínicas, sanatorios y centros asistenciales. Si prevaleciera la medida, estas instituciones podrían enfrentar cierres a partir del 1 de enero de 2026.
Demandas urgentes para el sector
La UAS solicitó de manera urgente la implementación de una norma que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad, asegurando que las deudas fiscales no resulten en acciones que paralicen el funcionamiento de los establecimientos asistenciales. La entidad, presidida por Hugo Magonza del Cemic, subrayó que esta herramienta no busca la condonación de obligaciones, sino proporcionar un resguardo temporal para proteger el interés público.
En una entrevista, Magonza expresó su preocupación por la eliminación del Capítulo XI, destacando que las 5.000 instituciones tienen deudas fiscales relacionadas con aportes y contribuciones debido a una prolongada crisis económica, lo que amenaza su estabilidad y continuidad, siendo uno de los sectores con mayor empleo formal en el país.
Conclusiones del comunicado
El comunicado concluyó recordando que «la salud no debe ser tratada como una actividad económica más». La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y decisiones urgentes que aborden la realidad financiera de los prestadores y garanticen el derecho a la salud de la población.