Aumento de sueldos en el Gobierno Nacional
A partir de este mes, uno de los principales retos en materia de recursos humanos que enfrenta el Gobierno Nacional comienza a ser superado. Tras la decisión del presidente Javier Milei de levantar el congelamiento de los salarios de sus funcionarios, que se había mantenido por dos años, se espera un incremento significativo en los haberes de los cargos políticos.
Contexto de los bajos salarios
La situación cobró notoriedad de manera casi irónica con la salida del ex titular del Indec, Marco Lavagna. Su sucesor, Pedro Lines, se mostró «open to work» en su cuenta de LinkedIn, lo cual denota la búsqueda de nuevas oportunidades laborales debido a la falta de competitividad salarial en la administración pública.
Durante los últimos meses, la inquietud aumentó entre los empleados de distintas áreas del Indec, a raíz del deterioro de sus salarios y las complicaciones que esto conlleva para retener a profesionales y técnicos capacitados, quienes encuentran mejores oportunidades en el sector privado.
Declaraciones del Ministro de Economía
El ministro de Economía, Luis Caputo, comentó: «Lo que sucede es parecido a lo que enfrenta el sector público en su conjunto: nuestros salarios se quedaron demasiado bajos, dado que tanto nosotros como ellos no aumentamos los sueldos. Ahora sí, pero durante el inicio de la gestión no se realizaron ajustes».
«A muchas personas les resulta complicado seguir adelante. Algunos de nosotros podemos sostenerlo, otros no. En Producción, por ejemplo, hemos perdido a muchos empleados que optan por el sector privado debido a mejores sueldos. Son individuos capaces y honrados que siempre han trabajado en el ámbito privado”, añadió.
Detalles de los salarios
Según fuentes oficiales de la Casa Rosada, el sueldo del presidente Javier Milei se mantiene en $4.066.018 brutos mensuales, cifra que permanece congelada desde diciembre de 2023, sin perspectivas de ajuste. La vicepresidenta Victoria Villarruel recibe $3.764.821 brutos, un monto que también se ha mantenido sin modificaciones desde entonces.
Los nuevos salarios para otras autoridades superiores son los siguientes:
- Ministros:
Sueldo previo (bruto): $3.584.006; (neto estimado) $2.975.725
Nuevo salario (bruto): entre $5.800.000 y $6.600.000
Nuevo salario neto estimado: entre $4.814.000 y $5.478.000 - Secretarios:
Sueldo previo (bruto): $3.282.709; (neto estimado) $2.724.649
Nuevo salario (bruto): entre $5.300.000 y $6.100.000
Nuevo salario neto estimado: entre $4.399.000 y $5.063.000
Este ajuste, que se reflejará en los pagos de enero de 2026 y se cobrará en febrero, representa un aumento acumulado de entre 62,4% y 85,9% con respecto a los montos anteriores, basándose en los incrementos paritarios del sector estatal durante los últimos dos años. Cabe destacar que estos aumentos no son retroactivos y solo aplican a ministros, secretarios y otras autoridades, excluyendo a Milei y Villarruel.
Fundamentación del ajuste salarial
Los ajustes salariales fueron formalizados mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en diciembre. En el decreto se menciona que Argentina enfrenta el reto de construir un sistema de empleo público que esté basado en la transparencia, la meritocracia y el desempeño. El objetivo es contar con un cuerpo de empleados públicos «profesionales y calificados». Esto implica la necesidad de asegurar que las funciones de conducción superior del Estado cuenten con un sistema de remuneración que sea «adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas».
En función de ese diagnóstico, se establece que, considerando el superávit fiscal logrado y el equilibrio macroeconómico alcanzado por esta administración, es pertinente avanzar hacia un «ordenamiento equitativo» en la estructura salarial de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, garantizando que dicha medida no comprometa la sostenibilidad fiscal. Se resalta que este ajuste es parte de una estrategia a largo plazo destinada a construir un Estado eficiente y profesional, y se subraya que constituye una medida necesaria dentro del proceso de transformación del Estado, para dejar atrás un sistema de empleo público desarticulado, poco transparente y sin incentivos adecuados.