Contexto del caso
Miguel Ángel Calvete, entre el 26 de junio de 2015 y el 6 de diciembre de 2016, formó parte de una organización criminal que facilitaba la prostitución de mujeres en Buenos Aires. Esta red asignaba departamentos a las víctimas donde, bajo condiciones desfavorables, se les permitía ejercer la prostitución a cambio de alquileres que superaban los precios de mercado y con cláusulas abusivas.
Condena y prisión
En junio de 2019, el Tribunal Oral 8 condenó a Calvete a cuatro años de prisión efectiva por el delito de explotación económica de la prostitución. Sin embargo, su encarcelamiento no se concretó hasta el mes pasado, cuando fue detenido en el marco de una investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Detalles de la explotación
La investigación reveló que Calvete y otros cómplices, incluido su hermano Alejandro Calvete y Ramiro Martin Rius (ex empleado del Consejo de la Magistratura de CABA), organizaban la prostitución en departamentos donde se aplicaban condiciones exorbitantes, como aumentos de alquiler del 180% anuales y una comisión del 10% mensual. Estos contratos fueron considerados leoninos por el tribunal.
- Los inmuebles involucrados fueron decomisados.
- Se prohibió la salida del país de los condenados.
Escuchas y declaración de las víctimas
Las escuchas telefónicas incluidas en la causa proporcionaron pruebas de la explotación sexual y el control ejercido por los acusados sobre las mujeres en situación de prostitución. La fiscal María Luz Castany destacó que las exorbitantes exigencias de pago se dieron en un contexto de vulnerabilidad, donde las víctimas no contaban con ingresos estables ni garantías para los alquileres.
Una de las víctimas relató que Rius le cobraba entre 2500 y 3000 pesos semanales por el alquiler, a pesar de sus condiciones desfavorables. «Los acusados operaron como verdaderos organizadores de la actividad delictiva, obteniendo grandes ganancias a costa de la explotación de estas mujeres», concluyó la fiscal.
Investigación inicial
La causa se originó a partir de una indagación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la División Trata de Prefectura Naval Argentina, lo que indica un esfuerzo coordinado para abordar este grave delito en el país.