Implicaciones penales para las hermanas
La fiscal Elisa Trinchín ha imputado a dos hermanas en Bahía Blanca por la venta de un suplemento para adelgazar que contenía sustancias peligrosas y utilizaba un sello oficial falso de la ANMAT. La principal acusada, V.M.R., de 41 años, se enfrenta a serios cargos, entre los que se incluye la venta de medicinas peligrosas, con penas que varían entre 3 a 10 años de prisión, y el uso de un sello falso de un organismo oficial, que puede resultar en una condena de 1 a 6 años. Su hermana, V.F.R., de 40 años, también enfrenta los mismos delitos, pero en calidad de partícipe secundaria.
Detalles de la operación ilegal
De acuerdo a la investigación de la fiscalía, ambas hermanas escondían los componentes peligrosos del suplemento y etiquetaban los frascos con la frase «Producto autorizado por ANMAT». Un análisis del producto reveló la presencia de sustancias prohibidas y nocivas.
Durante la audiencia, la jueza María Gabriela Marrón aprobó un plazo de 60 días hábiles para continuar con la investigación y estableció estrictas medidas contra la principal acusada: se le prohibió salir del país, tiene que presentarse semanalmente ante la Policía Federal Argentina (PFA), y no puede usar redes sociales ni tener contacto con clientes o proveedores. En cuanto a su hermana, está obligada a responder a futuras citaciones judiciales y a notificar cualquier cambio de domicilio.
Origen de la denuncia y hallazgos
La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la ANMAT. A través de un perfil de Instagram, se ofrecía el suplemento denominado «Quemador Natural Viking’s, Natural Gym Receta por 30 comprimidos», que incluía una falsa leyenda de autorización. La investigación, a partir de los números telefónicos asociados, identificó a V.M.R. como responsable del contacto.
Se determinó que la casa de la hermana funcionaba como un punto de entrega y se llevó a cabo un allanamiento simultáneo en ambas direcciones. El 17 de diciembre de 2025, la PFA intervino y confiscó 87 frascos del producto, varios teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones relevantes. Sin embargo, a pesar de esta intervención, la principal acusada continuó con las ventas.
Continúan las investigaciones
El 26 de febrero de 2026, la policía realizó otro allanamiento, donde se evidenció que la actividad comercial seguía en curso. Los análisis realizados por el Laboratorio Químico de la PFA confirmaron que los comprimidos contenían mazindol, una droga prohibida para la venta sin receta médica, y hidroclorotiazida, un diurético peligroso si no es usado bajo supervisión médica.
Cuatro consumidores del producto reportaron efectos adversos como taquicardia, migrañas, retención de líquidos y desmayos tras su ingesta. Todos entregaron los envases que presentaban el rótulo falso de ANMAT.
Defensa y declaración de nulidad
Los defensores José Ignacio Guillermo Pazos Croccito y Gisella Malvestiti no disputaron los hechos presentados por la fiscalía, argumentando que las acusadas desconocían la prohibición nacional sobre el producto. Propusieron declarar nulo el segundo allanamiento en la casa de la hermana, alegando que no se contaba con autorización judicial, petición que fue rechazada por la jueza al corroborar que la medida contaba con autorización formal.
Red de venta y medidas preventivas
La investigación ha establecido que V.M.R. y V.F.R. promocionaban el suplemento a través de diversas cuentas de redes sociales, utilizando sus domicilios como depósitos y puntos de envío. En consecuencia, la fiscalía ha bloqueado estos perfiles y ha ordenado controles para evitar futuras ventas.
La Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del gobierno bonaerense emitió un comunicado advirtiendo a la población sobre los riesgos asociados al consumo de los suplementos incautados y demandando que se abstengan de consumirlos.
Conclusiones y próximos pasos
Las víctimas han testimonialmente reportado que el producto prometía quemar grasa y presentaba el sello y leyenda de ANMAT. Un informe del Laboratorio Químico de la PFA subrayó que las sustancias secuestradas están prohibidas y pueden ser perjudiciales para la salud si se consumen sin control médico. La investigación proseguirá durante los próximos 60 días hábiles, con el objetivo de establecer si hay más personas involucradas y si existen otros canales de venta.