El impacto de la carga impositiva en la rentabilidad de la soja
Un reciente informe revela que el Estado se queda con el 82,6% de la rentabilidad generada por una hectárea de soja en campos de la región núcleo cuando estos son arrendados. Esto implica que de los US$634,99 que se obtienen, tras deducir todos los costos de producción, más de US$524 se destinan a impuestos a nivel nacional, provincial y municipal. Al final, el productor arrendatario enfrenta una pérdida de US$40,55 por hectárea.
Datos del análisis y costos
El estudio fue llevado a cabo por Néstor Roulet, productor y consultor, para la campaña 2025/26, considerando un rendimiento promedio de 32 quintales por hectárea y un precio FOB de US$408 por tonelada. Con estos valores, el ingreso bruto por hectárea es de US$1305,50.
No obstante, esta no es la cantidad final disponible, ya que deben considerarse los costos de siembra, mantenimiento y cosecha. Los costos directos, que incluyen semillas, fertilizantes, agroquímicos y labores, se estiman en US$347,51 por hectárea, mientras que los costos indirectos, que contemplan administración, estructura y seguros, se calculan en US$323.
En total, producir una hectárea en un campo arrendado implica aproximadamente US$670 de inversión, lo que deja una renta de US$634,99 por hectárea. De esta cifra, US$463,55 corresponden a impuestos nacionales y US$60,62 a tributos provinciales y municipales, superando los US$524 en total.
Descomposición de impuestos y resultados finales
Roulet detalla que solo por retenciones, el productor arrendatario paga US$339,43 por hectárea, a los cuales se añaden otros impuestos como US$10,85 por el impuesto al cheque y US$18,10 por Ingresos Brutos, elevando la carga impositiva a US$368,38 por hectárea.
Los impuestos también afectan al arrendamiento establecido en 12 quintales por hectárea, que equivalen a US$396. Al respecto, el propietario del campo enfrenta otros gastos, incluyendo US$108,54 en Ganancias y US$28,58 en impuestos inmobiliarios.
Como resultado de este sistema impositivo, el propietario del campo logra recibir US$151,37 después de impuestos, mientras que el productor arrendatario se encuentra en una situación de pérdida.
Un panorama más amplio
El 82,6% mencionado corresponde a un análisis específico sobre soja en tierras arrendadas, y el porcentaje varía al considerar otros cultivos y regiones del país. Según el Índice FADA, del diciembre de 2025, el Estado retiene un 56,3% de la renta agrícola promedio en la nación. Para la soja, este porcentaje se sitúa en 57,6%, mientras que para el maíz es del 47,8% y en el caso del trigo, este alcanza el 88,7%, el más alto entre los cultivos extensivos.
La economista de FADA, Antonella Semadeni, explica que «el índice mide cuánto es el peso de los impuestos sobre la renta agrícola». En diciembre, del total de ingresos menos gastos, el 56% se fue para impuestos, el 28,8% al alquiler y un sencillo 16% quedó como resultado económico para el productor.
Implicaciones de costos y logística
En relación con la composición de impuestos, el estudio destaca que del 56,3% total de carga fiscal, 56,5% está compuesto por impuestos nacionales no coparticipables, fundamentalmente derechos de exportación y un 37,1% corresponde a impuestos coparticipables.
Semadeni señala que, en momentos de caída de precios o rindes, la renta disminuye y aumenta el peso de los impuestos. De igual manera, si los precios suben o se reducen impuestos como los derechos de exportación, la renta tiende a aumentar. Este fenómeno se evidenció al comparar los porcentajes entre diciembre y septiembre.
Por último, el informe indica que un 49% de los costos de producción en soja está dolarizado, y al considerar el costo de la tierra, esta proporción supera el 60%. En maíz, la dependencia del dólar es aún mayor, lo que hace que la ecuación económica sea más sensible a cambios en la cotización. Además, la logística agrega otro factor significativo, ya que en regiones alejadas de los puertos, el flete puede representar entre el 14% y 15% del valor bruto de producción.