Informe de la ONU y respuesta del Gobierno
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) publicó hoy un severo informe que aborda la problemática de hacinamiento de presos en comisarías y cárceles argentinas, así como el comportamiento de las fuerzas de seguridad durante las protestas. Ante el contenido del documento, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que expresa su enérgico rechazo, argumentando que el texto ignora abusos graves ocurridos en la gestión de Alberto Fernández.
El Ministerio de Seguridad, en su repudio, señala que el informe está «abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con afinidad kirchnerista», lo que, a su juicio, confiere un sesgo ideológico que contraviene la imparcialidad esperada en el ámbito de los derechos humanos.
Condiciones en las comisarías
El informe destaca varias irregularidades en el trato a los individuos privados de libertad, tanto condenados como en proceso. Se hace especial énfasis en la detención prolongada en comisarías, donde se señala que las condiciones son extremadamente deficientes. La ONU manifiesta su «seria preocupación» sobre aspectos tales como:
- Celdas sin ventilación ni luz natural.
- Falta de instalaciones sanitarias adecuadas.
- Éxito limitado al acceso a agua potable y alimentación.
- Inexistencia de espacios al aire libre o áreas recreativas.
El organismo también indica que ha observado demoras significativas en la atención médica de los detenidos.
Preocupaciones sobre el uso de fuerza en protestas
Asimismo, la ONU cuestionó el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, señalando que el Estado ha debilitado las normativas que obligan a los agentes federales a identificarse durante su intervención. Las recientes resoluciones firmadas por el Ministerio de Seguridad amplían la discreción de los agentes para hacer uso de armas de fuego ante la simple sospecha.
Como un ejemplo preocupante, los expertos mencionan los eventos de marzo de este año, donde resultó gravemente herido el fotorreportero Pablo Grillo como consecuencia de un proyectil de gas lanzado por Gendarmería, y mencionan las acusaciones de uso indiscriminado de balas de goma y gas lacrimógeno durante las protestas.
Críticas al informe de la ONU
Para el Ministerio de Seguridad, el documento elaborado en Ginebra constituye un ataque infundado a las políticas de seguridad del Gobierno, las cuales buscan garantizar un espacio público libre de violencia y apoyar a las provincias en su lucha contra el delito. El informe, según ellos, carece de equilibrio y omite sucesos relevantes de la realidad reciente, lo que evidencia una tendencia a favorecer una narrativa que resalta los logros del gobierno anterior.
El Estado argentino también critica que el documento no menciona los graves episodios de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la gestión de Fernández, como el caso de Magalí Morales, que murió bajo custodia policial, o denuncias de excesos policiales durante la cuarentena.
Aumento de denuncias y condiciones penitenciarias
El Comité expresó preocupación por la incremento de denuncias de malos tratos en establecimientos penitenciarios, así como el uso de métodos de tortura y prácticas violentas. Ejemplos de esto incluyen el simulacro de ahogamiento registrado en el penal de Piñero.
Se subraya adicionalmente la sobrepoblación y las condiciones inadecuadas en las prisiones del país, junto con el aumento continuo de la población carcelaria, lo que ha llevado al Comité a cuestionar la transferencia del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad.
Finalmente, la ONU instó al Gobierno a tomar medidas para prevenir detenciones masivas y actos de violencia desproporcionados por parte de las fuerzas policiales, así como a abordar los informes de abusos en operativos realizados por patrullas municipales en la provincia de Buenos Aires.