Dictamen en marcha
En la segunda jornada de debate de la plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo ha decidido reducir los plazos y apresurar la firma del dictamen para que el proyecto de Reforma Laboral esté listo para su presentación en la próxima semana, tras las celebraciones de Navidad.
La reunión, que estaba programada para las 9:30, comenzó a las 9:45 y contó con la presencia de expositores, la mayoría de los cuales se manifestaron en contra de la reforma propuesta por el gobierno. Durante la sesión se escucharon diversas voces, empezando por abogados y asociaciones de abogados laboralistas, seguidas por representantes del sector bancario y de la cultura.
Avance del oficialismo y oposición en el Senado
En su afán por avanzar, la presidenta de la comisión de Trabajo, la senadora Patricia Bullrich, anunció un cuarto intermedio hasta las 16:00, donde se llevará a cabo una nueva ronda de oradores. Bullrich solicitó a los presentes que se reunieran a las 17:00 para el dictamen, a lo que el senador del bloque Justicialista Mariano Recalde pidió que se extendiera el tiempo de exposición. Bullrich fue clara: «Hay una hora para exponer y después pasamos a dictaminar». La senadora hizo un comentario que reflejó el clima en el Senado sobre la marcha convocada por la CGT a las 15:00 en Plaza de Mayo.
Críticas al proyecto de reforma
Las exposiciones comenzaron con Guillermo Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, quien criticó que la propuesta busca «potenciar el poder del empleador» y reducir la capacidad de los trabajadores para defender sus derechos. Crespo argumentó que se están eliminando controles a los empresarios, lo que llevaría a una situación de impunidad.
Por su parte, Pablo Topet, asesor legal de la CGT, también expresó su oposición, calificando la ley como un “atraso” que limita las jornadas de trabajo y que introduce mecanismos que protegen al empleador. Topet destacó que «el derecho del trabajo es un invento para equilibrar relaciones desiguales, y esto es una involución inadmisible».
Desde el sector empresarial, el único presente fue Armando Farina, de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, quien criticó que la reforma no trate cómo incluir a los 11 millones de personas fuera del sistema laboral, advirtiendo que sin criterios ajustados, el fracaso será inevitable.
Dissentimientos en el ámbito judicial y cultural
Desde el ámbito judicial, María Elena López, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, mostró su sorpresa por ciertos artículos del proyecto que modifica la ley 18.345. En la misma línea, el ámbito cultural también tuvo representación, donde Guillermo Tello, coordinador de la Multisectorial Audiovisual, criticó los cambios impositivos que se proponen y la posible pérdida de una cultura federal.
El actor Pablo Echarri también se unió a las críticas, calificando al proyecto como “regresivo y ruinoso”. Echarri cuestionó la intervención directa hacia la cultura y la insistencia sobre este tipo de reformas.
Apoyo a la seguridad fiscal
En contraposición, el director legal de la Asociación Argentina de Contribuyentes, Pablo Dono, respaldó la reforma argumentando que la reducción impositiva debe hacerse con un equilibrio fiscal para evitar la deuda y el default. Similares apoyos llegaron de las asociaciones bancarias, que señalaron su acuerdo general con la reforma, aunque pidieron la eliminación del artículo 35, citando la importancia legal de la cuenta sueldo como protección del salario.
Los representantes bancarios coincidieron que «el artículo 35 no ataca ninguno de los problemas y no contribuye a los objetivos de la reforma».