Una resolución judicial clave
La Sala I de la Cámara Federal de La Plata emitió un fallo que transforma la situación en la disputa entre el Ministerio de Justicia de la Nación y la Provincia de Buenos Aires relacionada con la recaudación de tributos en los registros seccionales del automotor. Esta decisión anula la medida cautelar que había interrumpido la implementación de la Resolución Normativa 26/2024 de la ARBA, la cual ordenaba a los encargados de los registros a actuar como agentes de percepción de los impuestos Automotor y de Sellos en dicha provincia.
Impacto del fallo
Para los funcionarios de la provincia, este fallo representa un respaldo a su autoridad tributaria y un golpe a los planes de la administración nacional. Los jueces Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez determinaron que no se logró probar un riesgo irreparable durante la espera de una decisión y señalaron que esta práctica de utilizar a los registros como agentes de recolección se había llevado a cabo sin problemas durante más de treinta años.
Argumentos de la Cámara
En su dictamen, la Cámara analizó los razonamientos presentados por ambas partes. El juez de primera instancia había argumentado que la ARBA no tenía la facultad de nombrar a funcionarios nacionales como agentes de recaudación sin un acuerdo previo con el Ministerio de Justicia. De acuerdo con esta interpretación, la Resolución 26/2024 era considerada ilegítima, puesto que un convenio de 1991 sustentaba esta operación, y fue denunciado por la Nación en agosto de 2024.
- La Fiscalía de Estado bonaerense apeló esta decisión y alegó que el juez había agotado el fondo del asunto mediante la cautelar, lo que constituía una medida autosatisfactiva.
- La Provincia sostuvo que el juez infrigió su derecho a defensa y se ocupó de cuestiones federales al interpretar artículos del Código Fiscal.
- Destacaron que la suspensión causaría un daño económico considerable, con una pérdida proyectada de 225.000 millones de pesos en la recaudación para el ejercicio fiscal de 2025.
Origen del conflicto
La controversia se originó a partir del Convenio de Complementación de Servicios firmado el 3 de octubre de 1991 entre el Ministerio de Economía bonaerense y el Ministerio de Justicia de la Nación. Este acuerdo establecía que los registros seccionales en la Provincia de Buenos Aires actuarían como agentes de recaudación de impuestos provinciales, inscribiéndose a tal efecto ante la autoridad fiscal local.
El convenio fue denunciado por el Ministerio de Justicia el 30 de agosto de 2024 mediante la Resolución 276, como parte de una estrategia de desregulación y simplificación administrativa que abarcó la rescisión de convenios con provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, el 4 de septiembre de 2024, se comunicó formalmente a la ARBA la caducidad del acuerdo.
Desarrollo judicial
El Ministerio de Justicia presentó una acción contra la Provincia de Buenos Aires y ARBA, alegando la inconstitucionalidad de la resolución provincial y de ciertos artículos del Código Fiscal. En este contexto, solicitó una medida cautelar que fue concedida por un juez federal de primera instancia, que determinó la suspensión de la Resolución 26/2024.
La apelación de la provincia subrayó que la medida cautelar impactaba negativamente en la recaudación pública y comprometía importantes políticas en áreas como salud, educación y seguridad. Además, enfatizó que el Ministerio nacional no tenía legitimidad para actuar en nombre de los encargados de registros como agentes de retención.
Celebración del fallo
El Gobierno bonaerense celebró la decisión de la Cámara, afirmando que “el fallo ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos como es el caso”. Se indicó que este es un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales.
Desde el ámbito provincial se aseguró que la eventual suspensión de la Resolución 26/2024 habría causado un severo daño al financiamiento del Estado bonaerense, sin que existiera detrimento alguno para la Nación. De esta forma, se reafirmó que los registros debían continuar la percepción y retención de los impuestos tal como se establece en el Código Fiscal bonaerense.
Alcance de la decisión
La resolución de la Cámara Federal de La Plata estipula que los registros seccionales de la Dirección Nacional de la Propiedad Automotor en la provincia deben continuar con sus actividades de percepción y retención de los impuestos Automotor y de Sellos. Además, el tribunal señaló que las cuestiones sobre la validez de la resolución de ARBA y la constitucionalidad de ciertos artículos del Código Fiscal deben ser discutidas en el contexto de la sentencia definitiva, y no a través de una medida cautelar.
De este modo, la Provincia de Buenos Aires ha recuperado la plena validez de la Resolución 26/2024, mientras que el caso principal sigue en curso. Esto evidencia que la disputa sobre las potestades tributarias locales en relación con las decisiones del gobierno nacional permanecerá abierta hasta alcanzar una resolución final.