Repaso sobre las deportaciones desde EE.UU.
Un informe reciente indica que la administración del expresidente Donald Trump destinó al menos 40 millones de dólares para la deportación de cerca de 300 migrantes a países distintos a los suyos, en el marco de una estrategia diseñada para acelerar las expulsiones. Este estudio fue elaborado por el equipo demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
Críticas a la política de deportaciones
La senadora Jeanne Shaheen, quien lideró el informe, cuestionó la eficiencia de esta política, calificándola de “costosa, derrochadora y con escasa supervisión”. Además, hizo un llamado a realizar un “serio escrutinio de una política que ahora opera en gran medida en la oscuridad”.
Detalles de los pagos a terceros países
El documento detalla que entre 4.7 millones y 7.5 millones de dólares fueron transferidos a cinco países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Esuatini y Palaos como parte de acuerdos para que estos aceptaran a migrantes deportados desde EE.UU. A modo de ejemplo, El Salvador recibió aproximadamente 250 ciudadanos venezolanos en marzo pasado, mientras que Guinea Ecuatorial aceptó a 29 personas y Palaos no ha recibido deportados hasta la fecha.
Costos de las deportaciones y acuerdos en expansión
Los legisladores han señalado que estos acuerdos son solo una parte de un esquema más amplio. Según documentos internos a los que tuvo acceso The Associated Press, existen 47 acuerdos en diversas fases de negociación con terceros países. De estos, 15 ya han sido finalizados y 10 están en procesos de cierre.
- Se han negociado acuerdos con naciones que aceptan a solicitantes de asilo.
- Actualmente hay 17 acuerdos en diferentes etapas, de los cuales 9 ya están formalmente en vigor.
Defensa de la política de deportaciones
Desde el Departamento de Estado, se defendió esta política como parte de los esfuerzos para frenar la inmigración ilegal. El secretario de Estado Marco Rubio declaró en una audiencia del Senado: “Hemos arrestado a personas que son miembros de pandillas y las hemos deportado. No queremos miembros de pandillas en nuestro país”. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes han criticado la estrategia, señalándola como irresponsable y podría poner en riesgo derechos fundamentales, además de exponer a los deportados a naciones con antecedentes en violaciones de derechos humanos.
Costo y eficacia de la deportación
El informe también destaca posibles ineficiencias, mencionando que, en varios casos, migrantes fueron enviados a un tercer país y posteriormente devueltos a su país de origen en vuelos financiados por EE.UU. Shaheen expresó que “en muchos casos, los migrantes podrían haber sido devueltos directamente a sus países de origen, evitando vuelos innecesarios y costos adicionales”.
Documentos diplomáticos revelan más necesidades
En enero, documentos diplomáticos revelaron que tras un acuerdo con Sudán del Sur, este país presentó una lista de solicitudes a Washington, incluyendo apoyo judicial para procesar a un líder opositor y el levantamiento de sanciones a un alto funcionario acusado de malversación de fondos.
Además, la senadora Shaheen cuestionó un pago de 7.5 millones de dólares a Guinea Ecuatorial, indicando que coincidió con la mejora de las relaciones entre la administración Trump y el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang, quien ha sido señalado internacionalmente por corrupción.
Implicaciones del informe al debate político
Este informe demócrata representa la primera revisión formal del Congreso sobre estos acuerdos y anticipa un debate político más amplio en torno a los costos, la transparencia y el impacto humanitario de la política migratoria impulsada por la Casa Blanca.