Home Sociedad La causa por lavado de dinero en La Salada enfrenta un nuevo revés judicial

La causa por lavado de dinero en La Salada enfrenta un nuevo revés judicial

La causa por lavado de dinero en La Salada enfrenta un nuevo revés judicial

Punto muerto en la causa por lavado de dinero

La situación judicial en torno al caso de lavado de dinero que involucra a la megaferia de La Salada ha quedado en un punto muerto tras un sorprendente fallo de la Cámara Federal de La Plata. En una decisión emitida el pasado viernes, los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias ordenaron la liberación de los acusados, revirtiendo así la prisión preventiva que había sido impuesta por el juez federal Luis Armella a solicitud de la fiscal Cecilia Incardona.

Los acusados y sus vínculos

Entre los beneficiarios de este fallo se encuentran Jorge Omar Castillo y Enrique “Quique” Antequera, dos de los principales líderes de la organización. Castillo, considerado el máximo responsable de La Salada y del Paseo de Compras Urkupiña, había sido arrestado junto a otros acusados en mayo de 2025 durante un operativo que incluyó más de 60 allanamientos simultáneos.

Detalles del caso y de las ganancias

La investigación que llevó al procesamiento de los acusados en julio de 2025 indicaba que la organización generaba ganancias millonarias a través de actividades ilícitas, las cuales eran reintegradas al mercado formal mediante diversas transacciones, como compras de automóviles y propiedades en barrios cerrados, así como viajes al exterior y la gestión de empresas.

  • La Salada estaba compuesta por tres ferias con más de 4.000 puestos.
  • El precio del alquiler por un puesto oscilaba entre 130.000 y 140.000 pesos por día.
  • Se sumaba un costo fijo denominado “llave” que variaba entre 6.000 y 7.000 dólares cada seis meses.

Durante los allanamientos de mayo, se confiscó más de 400 millones de pesos y 2 millones de dólares en efectivo. Sin embargo, los jueces sostuvieron que el juez Armella había actuado de manera prematura y que no existía suficiente evidencia para probar que los bienes de los acusados fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades delictivas. La resolución también dejó sin efecto los embargos que pesaban sobre los bienes y vehículos de los imputados.