Decisión judicial sobre la ley de financiamiento educativo
La Cámara Contencioso Administrativa Federal desestimó la apelación presentada por el Gobierno Nacional y reafirmó la medida cautelar que instruía al Poder Ejecutivo a ejecutar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y la Recomposición del Salario Docente. En concreto, esta medida requiere que la administración pública cumpla de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que tratan sobre la actualización salarial de los docentes y no docentes en universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta que la ley sea ratificada en septiembre de 2025. También se solicita la recomposición de los programas de becas para estudiantes.
Argumentos de los jueces
Los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán sostienen que los argumentos presentados por el Estado, que indicaban que la medida cautelar equivaldría a una sentencia definitiva, carecen de fundamento. Además, destacaron que el impacto fiscal de dicha cautelar es bajo y no afecta a los intereses públicos de manera considerable; al contrario, resalta un derecho fundamental garantizado por la Constitución: la educación superior pública.
Antecedentes de la medida
La medida cautelar fue emitida en diciembre del año anterior por el juez federal Enrique Cormick, en respuesta a una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades universitarias, la cual contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas. Cormick consideró que el Decreto 759/2025, que suspendía la ejecución de la ley y establecía que sólo podría aplicarse una vez definidos recursos específicos, presentaba elementos de arbitrariedad e ilegalidad. También indicó que había una clara violación de un deber jurídico que impactaba el funcionamiento universitario.
Reacciones del Gobierno y del sector universitario
El Gobierno, por su parte, calificó esta decisión como «arbitraria» y argumentó que la ley exige definir sus fuentes de financiamiento antes de ser implementada, un asunto que considera competencia del Congreso de la Nación. También advirtió sobre posibles impactos en el equilibrio fiscal, un argumento que fue rechazado por la Cámara en su resolución.
Opiniones desde la Universidad de Buenos Aires
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, comentó a través de redes sociales que hay dos medidas cautelares favorables a las universidades y enfatizó que el Poder Ejecutivo Nacional debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado. Señaló que, aunque el Gobierno recurra a la Corte Suprema, este tribunal ha indicado que las medidas cautelares no son sentencias definitivas y, por lo tanto, no entran en su ámbito de competencia.
Yacobitti añadió que el PEN debe cesar los ataques contra el sistema universitario, haciendo un llamado a acatar el fallo judicial y la ley. También advirtió que ignorar la orden judicial puede generar un «caso de gravedad institucional sin precedentes» que podría derivar en responsabilidad por incumplimiento de los deberes por parte de los funcionarios públicos. En relación a la situación laboral, comentó que la mayoría de los docentes y trabajadores universitarios se encuentra por debajo de la canasta básica.
Además, solicitó establecer un diálogo entre el Gobierno y los representantes del ámbito universitario para abordar tanto los reclamos inmediatos como el futuro del sistema educativo. «Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza indefinidas, los principales perjudicados serán los estudiantes y el pueblo argentino», concluyó.
El contexto del conflicto universitario
El conflicto entre el Gobierno y las universidades se intensificó entre 2024 y 2025, cuando numerosas movilizaciones estudiantiles y gremiales se llevaron a cabo en ciudades principales, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. Durante una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y otra protesta el 17 de septiembre de 2025 con el lema «Si hay veto, hay marcha», cientos de miles de personas se manifestaron en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, que ya había sido aprobada por el Parlamento.
A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso, pero el Ejecutivo dictó un decreto que impide su ejecución. Para intentar resolver la situación y evitar un mayor conflicto tanto en lo legal como en lo judicial, la estrategia del Gobierno busca elaborar una nueva ley que modifique, en lugar de derogar, el esquema financiero actual, buscando consenso político para que el Congreso apruebe una norma que sustituya a la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se reitera el compromiso de alcanzar una solución que no solo aporte recursos, sino que también ofrezca seguridad jurídica a las universidades.