La UBA se enfrenta a la suspensión de la ley de Financiamiento Universitario
La Universidad de Buenos Aires (UBA) ha decidido recurrir a la vía judicial tras la suspensión por parte del Gobierno nacional de la ley de Financiamiento Universitario. Esta ley es clave para la asignación de recursos que permiten el funcionamiento y desarrollo de las universidades públicas en el país.
Controversia en torno a la aplicación de la ley
A pesar de que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.795, se incluye en el Decreto 759/2025 una orden que interrumpe su aplicación hasta que el Congreso determine cómo se financiarán las partidas necesarias, respaldándose en el artículo 5° de la Ley 24.629. Este artículo establece que cualquier norma que implique gastos debe prever de forma expresa su financiamiento.
- La ley abarca un esquema de financiamiento para universidades públicas.
- Incluye recursos para becas, tecnología, investigación y formación académica.
- La actualización salarial debe ajustarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según las estimaciones oficiales, la implementación de esta ley requeriría unos $1,07 billones para 2025 y más de $2 billones para 2026.
Reclamaciones por parte de la UBA
El Consejo Superior de la UBA ha decidido avanzar con acciones legales para asegurar «el cumplimiento efectivo» de esta ley, que es vital para mantener los derechos constitucionales que garantizan una educación pública de calidad y la institucionalidad democrática. En su resolución, mencionan que el decreto que suspende la ejecución de la ley «modifica el sistema republicano de frenos y contrapesos» y pone en riesgo la soberanía del Congreso.
Impacto de la crisis presupuestaria
En un comunicado reciente, la UBA destacó que enfrenta una «crisis presupuestaria sin precedentes». Las prórrogas del presupuesto de 2023 no han podido adaptarse a la inflación, llevando a una disminución de más del 40% en el poder adquisitivo de los salarios de los docentes y personal administrativo en 2024. Además, durante 2025, la recomposición salarial es notablemente inferior a la inflación oficial medida por el INDEC.
La ley, que fue votada favorablemente por ambas cámaras del Congreso a pesar del veto del presidente Javier Milei, tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del financiamiento de las universidades nacionales y mejorar los salarios de los trabajadores docentes y nodocentes. La UBA subraya que la falta de aplicación de esta ley solo agrava la situación crítica que viven las instituciones educativas.
Importancia de la ley para el sector educativo
Además, la normativa implica la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, y programas académicos que son esenciales para el desarrollo de la UBA y otras universidades nacionales en el país. Ante esto, el Consejo Superior advierte que la falta de ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más preciados de la sociedad argentina: la Universidad Pública.