Un nuevo acuerdo para enfrentar las demandas por deuda
A pesar de que han transcurrido 25 años, el default de deuda de Argentina en 2001 sigue generando repercusiones y costos significativos. A lo largo de los años, diferentes gobiernos han implementado diversas estrategias para abordar este problema, incluyendo canjes de bonos, pagos millonarios y negociaciones extrajudiciales.
El presidente Javier Milei, tras obtener una victoria en la apelación en Nueva York respecto a una demanda de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, ahora debe afrontar una nueva situación que implica un desembolso monetario. Argentina ha estado sometida a continuos pedidos de embargo, autorizados por la Corte Suprema de Estados Unidos, de parte de dos grupos que se negaron a participar en los tres canjes de deuda realizados desde entonces, y que contaban con sentencias firmes a su favor.
Detalles del acuerdo y su aprobación
Uno de los grupos, el más grande, está liderado por Attestor y agrupa a otros fondos como Trinity, White Hawthorne, Bison Bee y Bybrook, involucrando alrededor de US$ 500 millones. El segundo, liderado por Bainbridge, asciende a aproximadamente US$ 95 millones.
Recientemente, el estudio jurídico que representa a Argentina notificó a la jueza Loretta Preska, quien está a cargo de los juicios contra el país en Nueva York, que el 1 de abril el Gobierno firmó un acuerdo definitivo con estos fondos. Este acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación y se espera que se presente la próxima semana. La información fue confirmada por el consultor Sebastián Maril, quien sigue de cerca los litigios contra el país en Estados Unidos.
Expectativas sobre el pago
El monto que Argentina deberá abonar y la forma en que se realizará el pago solo serán revelados tras la presentación del acuerdo en el Congreso, aunque no será por el total de la deuda. El año pasado, los mismos grupos lograron embargar US$ 310 millones que el país tenía en cuentas de la Reserva Federal en Nueva York como garantía de los bonos Brady, cuyo vencimiento era en 2023.
De esos US$ 310 millones, Attestor se quedó con US$ 210 millones y US$ 100 millones fueron bloqueados por Preska debido a que también eran disputados por Bainbridge. Por lo tanto, el acuerdo que se presentará al Congreso debería ser por un monto inferior a US$ 200 millones.
Un año después de ese revés, en marzo pasado, el Gobierno finalmente llegó a un entendimiento con los fondos, el cual requiere aprobación legislativa. Consecuentemente, se solicitó a Preska la suspensión de la causa, que en la práctica significaba congelar los pedidos de entrega de acciones del Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o YPF para saldar la deuda.
El trasfondo del default
En abril de 2016, el gobierno de Mauricio Macri pagó US$ 9.300 millones a un grupo de holdouts con deudas en default de 2001. Para ello, se emitieron bonos globales que en 2020, bajo la gestión de Alberto Fernández, fueron reestructurados por el exministro de Economía Martín Guzmán, junto con los títulos de los canjes de 2005 y 2010.
Este pago permitió que la justicia estadounidense levantara las restricciones que impedían al país cumplir con otros bonistas que sí aceptaron el canje de 2005, lo que facilitó que Argentina saliera del default técnico. Adicionalmente, se firmaron acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York. Sin embargo, permanece un grupo de holdouts que sigue demandando a Argentina, pese a que el país logró más del 95% de aceptación en los canjes realizados.