Presentación de un amparo colectivo
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha interpuesto una acción de amparo colectivo en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo ha realizado modificaciones significativas en la Ley de Inteligencia Nacional. La organización busca que se declare la nulidad absoluta e inconstitucionalidad del DNU, solicitando además una medida cautelar urgente para suspender parte de sus efectos.
Argumentos en contra del DNU
En su argumentación, el CELS señala que el decreto «amplía de manera imprecisa y genérica las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia», lo que permite una «intervención directa sobre los derechos y garantías de todas las personas que residen en la Argentina». Por esta razón, la demanda es colectiva, dado que el impacto del DNU se percibe de manera generalizada.
El DNU fue formalizado el 2 de enero. Según el comunicado, este decreto afecta derechos fundamentales como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, así como la participación social y política y la igualdad ante la ley. La organización afirma que la norma «no contempla consideraciones sobre los derechos fundamentales en juego», calificando sus disposiciones como «ilegales, arbitrarias y desproporcionadas».
Cuestionamiento del uso del DNU
Un aspecto clave del planteo es la crítica al uso del DNU para alterar la ley de inteligencia. El CELS argumenta que el Poder Ejecutivo no ha demostrado la existencia de una situación de necesidad y urgencia que justifique evitar el debate parlamentario, señalando que el decreto fue emitido «al día siguiente del cierre de las sesiones extraordinarias convocadas por el mismo Poder Ejecutivo». Además, se recuerda que la Constitución prohíbe la creación de DNU en temas penales.
Características del amparo colectivo
El escrito enfatiza que el decreto constituye una «causa normativa común» con efectos que afectan a un amplio y indeterminado número de personas y organizaciones. «La libertad para desarrollar un plan de vida, participar social y políticamente y comunicarse libremente es esencial para la democracia», argumenta el CELS, subrayando la necesidad de protección judicial general.
La demanda también expresa preocupación sobre la expansión de actividades relacionadas con inteligencia y contrainteligencia, que podrían permitir la recolección de información personal, la intervención en procesos sociales y la implementación de medidas coercitivas bajo definiciones poco claras. Según el CELS, el decreto «eleva el nivel de sospecha sobre toda la población» y fortalece el secretismo en las actividades de inteligencia sin la supervisión necesaria.
Junto con el amparo, el CELS solicitó que se active la feria judicial, argumentando que este asunto «no admite demoras» debido a su gravedad institucional y la posible violación de derechos constitucionales. También se planteó la reserva del caso federal para una posible intervención de la Corte Suprema.
Próximos pasos judiciales
Ahora, corresponde a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal decidir sobre el planteo colectivo, evaluar si acepta la cautelar solicitada y determinar si el DNU 941/2025 se ajusta a los límites establecidos por la Constitución. Durante la feria de verano, este fuero ya ha recibido al menos tres amparos relacionados.