Sentencia histórica en Misiones
Un tribunal ha dictado un fallo sin precedentes en la jurisprudencia de Misiones, condenando a dos dirigentes sindicales docentes por desobediencia judicial y obstrucción del transporte tras un corte de tránsito durante una protesta. Estos son Mónica Gurina y Leandro Sánchez, quienes rechazaron horas antes del comienzo del juicio una propuesta de probation.
Hechos de la protesta
Los docentes fueron hallados culpables de interrumpir el tráfico en la avenida Uruguay en los primeros días de junio del año pasado. La manifestación tuvo lugar mientras exigían mejoras salariales mediante un acampe. Finalmente, se llegó a un acuerdo que incrementó los ingresos del sector y garantizó que no habría represalias judiciales ni administrativas contra los educadores involucrados en la protesta.
Detalles del juicio
La jueza de Menores y Correccional, Marcela Leiva, impuso a Gurina una pena de 10 meses de prisión en suspenso y 8 meses a Sánchez, quienes además deberán llevar a cabo tareas comunitarias. La causa se inició tras las quejas de los comerciantes de la avenida Uruguay, quienes vieron reducidas sus ventas debido al bloqueo de la vía.
Argumentos de la fiscalía y la defensa
Ambos docentes negaron ser los líderes de la protesta, alegando que las decisiones surgían de asambleas. La fiscal María Laura Álvarez mantuvo que el juicio no pretende criminalizar la protesta, sino castigar delitos que se cometieron durante la manifestación. Ella señaló que los acusados eran conscientes de la orden judicial que ordenaba despejar la calle, pero optaron por continuar con el corte.
Álvarez argumentó que se causaron perjuicios a terceros y resaltó: «tus derechos a protestar terminan donde comienzan los míos. No se respetó la circulación libre ni la actividad comercial». La fiscal solicitó un año de prisión en suspenso para Gurina y diez meses para Sánchez.
Por su parte, la defensa pidió la absolución, recordando que nunca antes un conflicto social tuvo consecuencias penales. Eduardo Paredes mencionó una protesta de productores yerbateros en 2002 que culminó sin repercusiones judiciales. «Sería un error trágico concluir con una condena», enfatizó.
La defensora Roxana Rivas argumentó que el conflicto se había resuelto administrativamente y que no había pruebas que demostraran que los acusados lideraran la protesta. Ella sostuvo que los daños económicos a los comercios eran presumidos y no estaban verificados en el expediente.
Declaraciones finales
Antes de la sentencia, Sánchez se dirigió a la jueza y manifestó: «No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa. Si nos condenan, establecerán un precedente peligroso para la protesta social y llenarán las cárceles de educadores». Unas horas después, se conoció el veredicto condenatorio.