Advertencia sobre la reforma laboral de Javier Milei
La posible aprobación de la reforma laboral que pretende impulsar el gobierno de Javier Milei durante las sesiones extraordinarias podría abrir la puerta a un nuevo enfrentamiento judicial, lo que podría resultar en una revisión que se prolongue por meses o incluso años. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Rosatti subrayó que el sistema argentino de control de constitucionalidad permite que cualquier juez declare la invalidéz de una ley, lo que podría dificultar su implementación hasta que la Corte Suprema unifique criterios al respecto. «El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso», explicó.
Posibles escenarios de suspensiones judiciales
El magistrado precisó que, aunque una sentencia de la Corte pueda eventualmente establecer una jurisprudencia clara, esto toma tiempo. Así, una reforma laboral podría ser suspendida en varias jurisdicciones mientras se acumulan resoluciones contradictorias, lo que llevaría a una eventual decisión final del máximo tribunal.
Recordando un precedente, Rosatti mencionó que un escenario similar ya ocurrió con el régimen laboral de la Ley Bases, que fue declarado inconstitucional por un juez laboral y aún no tiene una resolución definitiva de la Corte. En este contexto, destacó que el marco legal actual no impide que los jueces se aparten de la doctrina establecida por la Corte: «Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad», afirmó.
Implicaciones y posibles soluciones
Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley que obligue a todos los tribunales a acatar los fallos de la Corte, Rosatti adoptó una postura cautelosa. «Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?», comentó.
Sin embargo, añadió que dicho mecanismo solo funcionaría si la Corte lo considera constitucional, evitando así la repetición de litigios similares. El presidente de la Corte también reveló el impacto práctico del sistema actual, señalando que el 60% de los casos que resuelven provienen del Estado cuestionando decisiones previas de la Corte en materia previsional. «¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo», concluyó Rosatti.
Para él, el debate supera las cuestiones ideológicas y se vincula con la necesidad de hallar soluciones funcionales que eviten que reformas estructurales como la laboral queden atrapadas en un limbo judicial prolongado.