Contexto de la Investigación
El fiscal Carlos Cearras, que actúa ante la Cámara Federal de San Martín, ha solicitado una revisión del fallo que envió la investigación sobre una lujosa mansión en Pilar al juzgado federal de Campana, dirigido por Adrián González Charvay. Este caso está relacionado con la posible propiedad de la mansión por Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
No se trata solo de un cambio de jurisdicción, ya que se sospecha que los implicados están intentando mover el caso de la Justicia Penal Económica a un ámbito más favorable en Campana, considerándose este último más confiable para sus intereses.
Movimientos en el Proceso Judicial
El fiscal Cearras comparte el punto de vista del fiscal Germán Bringas, quien argumentó que el caso debería permanecer en el juzgado penal económico de Marcelo Aguinsky. Este magistrado ha actuado con firmeza, contrastando con su colega Daniel Refecas, quien inicialmente preservó la jurisdicción.
Aguinsky realizó un allanamiento, tasando la propiedad en aproximadamente 20 millones de dólares, y revisando las sociedades vinculadas. Se concluyó que los presuntos testaferros de la AFA, Luciano Pantano y Ana Conte, no podían ser identificados como los propietarios de esta ostentosa propiedad que incluye un helipuerto, pista hípica, piscina, gimnasio y una colección de 40 vehículos y motos de lujo.
Desarrollo del Caso en Campana
La defensa de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, solicitó el cambio de jurisdicción y logró que el caso se trasladara al juzgado federal de Campana, donde se encuentra la mansion. El magistrado González Charvay, en su decisión, facilitó este traslado basándose en el argumento jurisdiccional y las garantías del «juez natural». Aguinsky, sin embargo, se negó a apartarse, afirmando que su juzgado tenía jurisdicción sobre el caso dado que el núcleo de la investigación radica en la AFA, cuya sede se encuentra a una breve distancia de su tribunal.
Inspecciones y Hallazgos Recientes
La investigación avanza, revelando inconsistencias respecto a la colección de vehículos que la Policía encontró durante el allanamiento. Dicha colección, registrada bajo la sociedad Real Central, provocó interrogantes sobre la verdadera propiedad de los automóviles, especialmente un Porsche valuado en casi $500 millones.
- Una ejecutiva del Banco Coinag testificó que era «imposible» que la cuenta de la sociedad pudiera cubrir el costo del vehículo.
- Los pagos de los seguros se realizaban en efectivo a través de una dirección digital de una aseguradora.
La Justicia mantiene serias sospechas de que tanto Pantano como Conte no son en realidad los propietarios de la colección. Esta teoría se fortalece al conocer que Conte, quien recibió asistencia estatal durante la pandemia, cobrando el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un subsidio para hogares vulnerables, es considerada un grupo afectado por la crisis económica.
Además, se ha encontrado que los peajes de los vehículos estaban abonados con una tarjeta corporativa de la AFA, inscripta a nombre de Pantano, quien anteriormente fue un directivo de la institución.