Suspensión de la sesión en la Legislatura de Santa Cruz
La sesión ordinaria programada para hoy en la Legislatura de Santa Cruz fue suspendida debido a la falta de quorum. Durante esta reunión, el oficialismo tenía la intención de aprobar una reforma judicial que busca restituir el cargo de Procurador General y devolver a Eduardo Sosa, quien fue destituido de su puesto hace tres décadas por una ley impulsada por Néstor y Cristina Kirchner.
Causas de la suspensión y reacciones
Fuentes oficiales confirmaron que el bloque oficialista no asistió al recinto, dado que varios de sus miembros se encontraban participando en el cierre de campaña en el norte de la provincia. En cambio, se encontraban presentes los diputados kirchneristas y el diputado del ARI-CC, Pedro Muñoz. La ajustada mayoría del bloque del gobernador Claudio Vidal llevó al oficialismo a reconsiderar su estrategia, ya que la aprobación de la reforma se encontraba en riesgo.
Solo han transcurrido dos semanas desde que el gobernador Vidal anunció sorpresivamente el proyecto destinado a modificar la ley orgánica de la justicia y devolver a Sosa a su cargo. Este abogado había reclamado durante años la restitución a su puesto, el cual no había sido devuelto a pesar de múltiples fallos a su favor por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Implicaciones políticas y opciones futuras
El anuncio de Vidal se produce en un contexto de agitación en el Poder Judicial de Santa Cruz, originada por la reciente ampliación del Tribunal Superior de Justicia, una medida cuestionada por el sector kirchnerista. Actualmente, se están considerando dos alternativas para aprobar la reforma que podría restituir a Sosa en un cargo después de tres décadas: realizar una sesión especial la próxima semana o bien incluirla en la próxima sesión ordinaria, programada para el 13 de noviembre.
Algunos jueces y fiscales que fueron designados durante los gobiernos kirchneristas han expresado su rechazo al nombramiento de cuatro nuevos vocales y al liderazgo de Daniel Mariani en el Tribunal Superior de Justicia, así como a la creación del cargo de Procurador General de Justicia y la eventual reposición de Sosa, considerándolo un “trámite exprés” en la Legislatura.
Las declaraciones de Eduardo Sosa
El gobernador ha manifestado que su acción pretende “saldar una deuda histórica de la Provincia” y restablecer la supremacía constitucional que había sido debilitada por el incumplimiento de los mandatos judiciales. El proyecto, que modifica ciertos artículos de la Ley N° 1600, llegó al recinto con el respaldo de comisiones y cumpliendo con los plazos establecidos.
Si se lleva a cabo, esta acción significaría el fin de un conflicto judicial que ha persistido durante tres décadas, en cumplimiento con los fallos de la Corte Suprema de Justicia que habían sido ignorados. Sosa se desempeñó como Procurador General de Justicia entre 1990 y 1995, cuando una reforma judicial impulsada por Néstor Kirchner separó el cargo en dos y excluyó a Sosa sin respetar el principio de inamovilidad de los jueces.
El abogado continuó su lucha legal hasta la Corte Suprema, que en múltiples ocasiones ordenó su restitución, aunque el gobierno provincial no acató los dictámenes. Asimismo, la Corte responsabilizó al exgobernador Daniel Peralta por la falta de cumplimiento, tras lo cual Peralta fue condenado. A día de hoy, Peralta es diputado, se ha distanciado del kirchnerismo y su voto puede ser crucial.
A lo largo de estos años, Sosa ha seguido su vida profesional mientras mantenía el seguimiento de su causa y ejerciendo la abogacía en el ámbito privado. Ha mantenido una postura moderada en sus declaraciones, resaltando su firmeza y determinación en defensa de la institucionalidad. Recientemente, trascendió que antes de asumir, el gobernador actual le solicitó una reunión en la que le ofreció disculpas a Sosa por las injusticias sufridas.
Sosa recordó: “Él me manifestó su voluntad de reparar las deficiencias y me pidió disculpas en nombre del cargo que iba a asumir, por el daño que me habían hecho. Y yo le dije que en caso que se produjera una vacante en el cargo del que me habían expulsado, yo aceptaría para participar de esta reparación institucional”.