Nueva medida arancelaria
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la implementación de un nuevo arancel general del 10% sobre todas las importaciones, al tiempo que ha expresado su descontento con el fallo de la Corte Suprema del país. Este tribunal había declarado ilegal su política de gravámenes impuesta bajo una ley de emergencia nacional.
Reacciones del presidente
En una conferencia de prensa, Trump describió la decisión como «profundamente decepcionante» y manifestó sentirse «absolutamente avergonzado» por la votación de algunos miembros de la Corte, la cual tiene una mayoría conservadora. Adicionalmente, el presidente sugirió que el alto tribunal está bajo la influencia de «intereses extranjeros», una acusación que eleva aún más la tensión entre los poderes del Estado tras el fallo.
Detalles del fallo judicial
- La Corte, con una votación de seis a tres, determinó que Trump excedió su autoridad al imponer gravámenes utilizando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
- El tribunal destacó que esta ley no otorga al presidente la facultad de fijar derechos de aduana, una competencia que corresponde de manera exclusiva al Congreso.
- Según el presidente del tribunal, John Roberts, «El presidente se arroga la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente gravámenes de monto, duración y alcance ilimitados».
El fallo también precisó que la administración Trump no logró presentar ninguna legislación que autorizara explícitamente el uso de la IEEPA con este objetivo.
Implicaciones y futuro de las políticas comerciales
A pesar de la derrota judicial, Trump ha anticipado que buscará alternativas para mantener su estrategia comercial. Defiende el uso de los aranceles como una herramienta crucial de presión económica y diplomática.
Durante su primer mandato, que se extendió de 2017 a 2021, Trump ya había aplicado medidas similares como tácticas de negociación. Tras su regreso al poder en enero de 2025, anunció que recurriría nuevamente a la IEEPA para imponer gravámenes generalizados a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, así como tarifas adicionales a países como México, Canadá y China relacionados con narcotráfico e inmigración.
La decisión del máximo tribunal reafirma sentencias previas de instancias inferiores que habían declarado ilegales estas medidas. En mayo, un tribunal comercial había bloqueado la implementación de la mayoría de los gravámenes, aunque el fallo quedó suspendido mientras el gobierno apelaba.
Con la resolución final, las empresas que pagaron estos gravámenes podrán solicitar reembolsos al Departamento del Tesoro. Economistas de la Universidad de Pennsylvania-Wharton estiman que más de 175.000 millones de dólares en ingresos podrían tener que ser devueltos, en un contexto de numerosas demandas en curso contra el Estado.