Rechazo rotundo a la veeduría
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un comunicado este jueves, firmado por su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, en el que califica la reciente veeduría impuesta por la Inspección General de Justicia (IGJ) como ilegítima. Esta medida, según la AFA, se basa en «hechos falsos» y responde a una «clara finalidad política«.
Detalles de la denuncia
La veeduría, solicitada por el inspector Daniel Vítolo, surgió a raíz de denuncias sobre «graves irregularidades» relacionadas con la falta de información contable sobre el manejo de millones de dólares, así como cuestionamientos a la validez del nuevo domicilio legal en la provincia de Buenos Aires, señalado como una «sede social falsa«. La IGJ argumenta que la veeduría tiene como objetivo verificar la documentación financiera, sin que esto implique algún tipo de intervención o sanción inmediata contra la AFA.
Respuesta de la AFA
Ante esta situación, la AFA emitió un comunicado oficial en el que niega la legitimidad de la medida y anuncia la intención de tomar acciones legales. En sus palabras: «La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley».
Cuestionamiento de la veeduría
La asociación critica el fundamento de la veeduría, planteando una contradicción: «Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se fundamenta en ‘graves irregularidades’?» La AFA señala que si realmente existiesen aspectos graves, la IGJ debería haber aplicado sanciones, algo que no ha sucedido, lo que para ellos sugiere que esta veeduría es simplemente «un capricho» y una utilización política del organismo de control.
Defensa de su posición
La AFA también refuta las acusaciones de problemas contables, argumentando que el verdadero problema radica en la morosidad de los empleados de la IGJ para resolver las vistas administrativas. Aseguran que los balances de los ejercicios 2017 a 2024 fueron presentados «en tiempo y forma» y actualmente están en espera de respuesta.
Conflicto legal y contexto político
El documento aclara que el balance de 2025 no fue presentado a la IGJ debido a que su domicilio legal fue registrado en territorio bonaerense desde noviembre de 2024. La AFA sostiene que cualquier discrepancia respecto a esta inscripción debería resolverse en la Corte Suprema y no a través de una medida unilateral. También se refirió a las acusaciones sobre la sede de Pilar, indicando que el cambio de domicilio fue autorizado por la autoridad provincial competente.
Denuncia de maniobra política
Desde la AFA se advierte que el conflicto no se limita a una fiscalización técnica, sino que indica una maniobra más amplia para imponer Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) mediante el debilitamiento institucional de la AFA. En sus palabras, «Lo que antes fue persecución contra una dirigente opositora, hoy es control institucional contra el fútbol argentino». Este control, según ellos, busca desmantelar la autonomía del fútbol argentino.
Finalmente, el comunicado afirma la independencia de los clubes, manifestando que el fútbol argentino pertenece al pueblo, y concluyen: «El pueblo no se vende«.