Autorización judicial para el presidente de la AFA
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, ha recibido la autorización de la Justicia en lo Penal Económico para salir del país entre el 18 y el 20 de marzo. Su destino será Paraguay, donde participará en un sorteo de competiciones organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Esta decisión fue tomada por el juez Diego Amarante dentro del contexto de una investigación que lo involucra por la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social. Para autorizar su viaje, el magistrado ha estipulado que Tapia deba presentar una caución de 30 millones de pesos.
Contexto de la investigación
La autorización se da en un momento crucial del expediente judicial. Con las indagatorias finalizadas y los escritos de defensa presentados, el juez ahora se halla en posición de definir la situación procesal de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El juez cuenta con un plazo de diez días hábiles para decidir si procederá a dictar el procesamiento de los implicados, si los sobreseerá o si determinará la falta de mérito. Estas son las opciones previstas por la ley en esta etapa.
Detalles de la acusación
La investigación se centra en una supuesta retención indebida de las contribuciones a la seguridad social hechas por la AFA. Según la acusación, la entidad no habría cumplido con el pago del Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Se estima que el monto total involucra 19.300 millones de pesos.
- La acusación sostiene que la AFA actuó como agente de retención, descontando impuestos que no se ingresaron al fisco en el plazo requerido.
- El organismo recaudador ARCA afirma que esa irregularidad se repitió durante 19 meses consecutivos.
El expediente judicial incluye 69 hechos que se consideran en conjunto. Según ARCA, los fondos en cuestión no pertenecen a la AFA, sino que son recursos de los contribuyentes de los que se hicieron deducciones.
Defensa de los dirigentes
Por su parte, la defensa de Tapia y Toviggino argumenta que no hubo incumplimiento. Durante las declaraciones, ambos presentaron documentación que apoya la defensa, alegando que existía una disposición administrativa que impedía la ejecución fiscal de deudas impositivas para las asociaciones civiles.
El tesorero de la AFA ha insistido en que «no existió ardid ni engaño alguno», defendiendo la conductas de la asociación como acorde a las resoluciones administrativas vigentes en el marco de políticas estatales. En su escrito, Toviggino subrayó: “Está ausente el elemento subjetivo requerido y no puede atribuirse voluntad criminal”.
Situación actual del proceso
La defensa también sostiene que hay una persecución contra la dirigencia de la AFA, indicando que la denuncia presentada por el Gobierno nacional se llevó a cabo en diciembre de 2025, mientras el primer incumplimiento investigado data de marzo de ese año. Tapia y Toviggino habían solicitado el sobreseimiento en su causa, sin embargo, el juez Amarante ha rechazado tal solicitud. Esta decisión ha sido apelada y actualmente está bajo análisis de la Cámara en lo Penal Económico.