Contexto de la investigación judicial
Las autoridades judiciales han iniciado una investigación sobre el desvío de anestésicos de uso hospitalario que ha revelado un intrigante entramado de conexiones entre diversos profesionales de la salud. Este caso cobró mayor relevancia tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y la aparición de indicios de que estos fármacos se estarían utilizando en contextos privados.
Desvío de fármacos
Los elementos recopilados durante la causa han permitido a los investigadores generar un esquema de relaciones que intentan clarificar. El principal objetivo es entender cómo se han desviado medicamentos de uso restringido desde los hospitales hacia otros lugares.
Principales involucrados
- Hernán Boveri: Anestesiólogo con amplia trayectoria en el Hospital Italiano, donde se formó y ocupó diferentes roles clínicos. Ha sido identificado como uno de los principales imputados en la causa, participando activamente en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires. Se negó a declarar durante la indagatoria.
- Delfina Lanusse: Residente de tercer año en Anestesiología en el mismo hospital desde septiembre de 2023. Después de una sólida formación en Medicina en la Universidad Austral, se involucró en prácticas anestésicas, acumulando alrededor de 500 horas en observaciones y procedimientos quirúrgicos. También optó por no aportar información relevante durante su indagatoria.
El nexo entre los involucrados
Según un informe, aparece una intermediaria conocida como “Tati”, quien se identifica como Chantal Leclercq, otra residente de anestesiología, considerada como un vínculo central en la red de conexiones entre los implicados. Su testimonio es el primero que vincula de manera directa a Zalazar con Lanusse, quien ha sido vinculada a la sustracción de anestésicos.
La ruta de los medicamentos
La investigación analiza cómo el propofol y el fentanilo, fármacos que no se encuentran disponibles en farmacias y cuyo uso está totalmente restringido al ámbito médico, fueron sustraídos de los hospitales. Se investiga un potencial “robo hormiga” de estos anestésicos, que podría haberse desarrollado durante un periodo prolongado.
Reuniones y uso indebido
Además, la causa ha tomado notoriedad pública debido a las menciones sobre reuniones privadas en las que se habrían administrado anestésicos sin supervisión médica. Se ha considerado la posibilidad de que tuvieran lugar “viajes controlados”, donde individuos accedieron a estos medicamentos en circunstancias particulares.
Avances en la pesquisa
El expediente fue abierto el 23 de febrero y se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, bajo la supervisión de la Fiscalía N°49. Aún no se ha formalizado la carátula de la causa, aunque se espera que encuadre en hurto o administración fraudulenta, con penas que podrían alcanzar hasta seis años de prisión. Por otra parte, la muerte de Zalazar sigue siendo investigada como un caso de muerte dudosa.