Cierre de la causa por el viaje a EE.UU.
El juez federal Daniel Rafecas ha decidido cerrar la causa relacionada con el viaje de la esposa de Manuel Adorni a Estados Unidos en el avión presidencial. Esta resolución fue tomada tras recibir un dictamen favorable de la fiscal federal Alejandra Mangano, quien destacó la ausencia de delito en el caso.
Rafecas argumentó que las pruebas y los informes solicitados por la fiscal no se ajustan a los elementos del delito de malversación de caudales públicos. En su fallo, también mencionó la falta de irregularidades en los gastos durante la estadía de la pareja en EE.UU. y en la emisión de los boletos aéreos.
Reacción de Adorni
Ante esta decisión judicial, Adorni reaccionó de inmediato con un mensaje en sus redes sociales, manifestando: «El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin«. La denuncia original contra él surgió tras la revelación de que había invitado a su pareja a acompañar al presidente en la Argentina Week en Nueva York.
Respecto al viaje, Adorni había defendido su decisión, afirmando que el viaje de su esposa no generaba un gasto adicional, ya que «sus gastos los paga ella«. En una declaración previa, explicó: «El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado».
Detalles sobre la investigación
La denuncia por malversación fue presentada en el Comodoro Py y asignada al juzgado de Rafecas, quien delegó la investigación a la fiscal Mangano. Ella solicitó información a la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei, sobre quienes formaron parte de la comitiva que viajó en el avión presidencial.
Finalmente, la fiscal presentó este jueves su recomendación para archivar la causa. Explicó que el número de miembros de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200 (39 plazas) demuestra que la invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial era un uso razonable de la discrecionalidad presidencial. La fiscal concluyó que esta decisión no implicó ningún gasto extraordinario o anómalo, dado que había más de diez asientos disponibles en cada trayecto aéreo realizado entre el 6 y el 11 de marzo.
En sus informes, tanto la Secretaría General de la Presidencia como la Jefatura de Gabinete confirmaron que no se estaban incurriendo en los delitos estipulados en el artículo 260 del Código Penal o en ningún otro tipo de figura legal contemplada en el Capítulo VII del mismo código.