Decisión del juez Rafecas
El juez Daniel Rafecas ha decidido archivar una denuncia presentada contra Manuel Adorni relacionada con el uso del avión presidencial. En su justificación, Rafecas mencionó que «no se advierte una desviación del destino» en el viaje que estaba bajo investigación. Este viaje se realizó en el Tango 01, junto a su esposa, Bettina Julieta Angeletti, hacia Estados Unidos, como parte de la «Argentina Week» que tuvo lugar en Nueva York.
Antecedentes de la causa
La denuncia contra Adorni surgió a raíz de alegaciones de malversación de fondos públicos por el uso del avión presidencial. Sin embargo, dado que la fiscalía no impulsó la causa, el juez decidió archivar el caso al considerar que no había cometido ningún delito. La investigación se originó tras cuestionamientos sobre el traslado de la esposa del jefe de Gabinete en un vuelo oficial.
Conclusiones del análisis judicial
- Tras el análisis de pruebas, la fiscalía recomendó el archivo del expediente, ya que no se configuraba una conducta penalmente relevante.
- Rafecas sostuvo que las circunstancias del viaje no se encuadraban en el accionar típico investigado, careciendo de relevancia en términos jurídico-penales.
- El dictamen fiscal afirmaba que el vuelo se llevó a cabo en una misión oficial debidamente autorizada, lo que evitaba cualquier desviación de su destino final.
Detalles adicionales sobre el uso del avión
El fallo destacó que la aeronave no fue utilizada para propósitos particulares ni privados, y que la presencia de Angeletti no alteró la naturaleza jurídica del vuelo. Además, se concluyó que no hubo perjuicio económico para el Estado, dado que “no se verifica una erogación particular por la presencia” de Angeletti. Según la investigación, su asistencia no generó un costo adicional para el Estado, lo que fue crucial para descartar la hipótesis de malversación.
Aspectos finales de la resolución
Finalmente, Rafecas determinó el archivo de la causa por “inexistencia de delito”, concordando con la fiscalía. El juez también enfatizó que, dada la decisión del Ministerio Público de no proseguir con la acción penal, no había base para avanzar en el proceso, concluyendo que “no hay jurisdicción sin una acción que la requiera”. Noticia en desarrollo.