Una asistente geriátrica de San Martín de los Andes obtuvo una condena millonaria tras probar jornadas de 12 horas sin el pago correspondiente
Una mujer que se desempeñaba como asistente geriátrica en una residencia de adultos mayores ubicada en San Martín de los Andes, Neuquén, cumplía turnos nocturnos de 12 horas diarias sin percibir la remuneración adicional que le correspondía por las horas extras. La situación se prolongó durante nueve meses, al cabo de los cuales decidió exigir la regularización de su situación laboral y el pago de las sumas que consideraba adeudadas.
El conflicto derivó en una disputa judicial que concluyó con una sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N.º 2 de San Martín de los Andes, que ordenó a la empleadora abonar a la trabajadora una indemnización superior a los $11.000.000, al considerar probados tanto el exceso en las jornadas laborales como los incumplimientos que justificaron la ruptura de la relación de trabajo.
Jornadas de lunes a lunes: 60 horas semanales en lugar de 44
Según la demanda presentada, la empleada cumplía sus funciones todos los días de la semana, con dos francos semanales, en turnos que se extendían desde las 19 hasta las 7 de la mañana siguiente. Esa modalidad implicaba aproximadamente 60 horas semanales y 240 horas mensuales, muy por encima del máximo de ocho horas diarias y 44 semanales que establece el convenio colectivo aplicable al sector.
Además del reclamo por horas extras no abonadas, la trabajadora denunció diferencias salariales y haberes pendientes de pago. Antes de dar por finalizado el vínculo laboral, intimó formalmente a la empresa para que corrigiera las irregularidades y saldara las deudas reclamadas.
La residencia rechazó todas las acusaciones. Sostuvo que la empleada trabajaba únicamente ocho horas diarias, de 7 a 15, y que sus ingresos superaban los mínimos fijados por convenio. Ante esa negativa, la mujer se consideró despedida de manera indirecta por los incumplimientos de su empleadora e inició una acción judicial.
Los testimonios de ex compañeras fueron clave para acreditar los horarios reales
Uno de los ejes centrales del proceso fue establecer la extensión real de las jornadas cumplidas por la asistente. Durante el juicio, distintos testigos aportaron versiones contradictorias: quienes tenían vinculación con la empresa afirmaron que la mujer cumplía jornadas de ocho horas. Sin embargo, dos ex compañeras de trabajo que habían compartido turnos con ella declararon que la empleada ingresaba a las 19 y se retiraba a las 7.
El juez Santiago Montórfano otorgó especial peso a esos testimonios, dado que provenían de personas con conocimiento directo de la organización interna del trabajo en la residencia.
A ese elemento se sumó una prueba de carácter determinante: la empresa no presentó las planillas de registro de horarios de ingreso y egreso del personal, pese a que la Justicia las había requerido expresamente. Ante la ausencia de esa documentación y la coincidencia entre los testimonios de las ex trabajadoras, el magistrado tuvo por acreditada la jornada nocturna de 12 horas denunciada por la actora.
Qué conceptos incluyó la condena de más de $11 millones
El 31 de agosto de 2026, el tribunal hizo lugar al reclamo y condenó a la residencia a abonar una suma que supera los $11.000.000. La sentencia reconoció los siguientes conceptos:
- Indemnización por antigüedad, falta de preaviso e integración del mes de despido.
- Aguinaldo y vacaciones proporcionales.
- Salarios adeudados correspondientes a noviembre y diciembre.
- Diferencias salariales, incluidas las generadas por las horas extras no abonadas.
- Multas previstas por la legislación laboral vigente al momento de la ruptura del contrato.
El juez Montórfano entendió que los incumplimientos de la empleadora revestían la gravedad suficiente para justificar el despido indirecto, figura que habilita a un trabajador a dar por extinguida la relación laboral cuando la falta es atribuible al empleador. La responsabilidad de la residencia quedó sustentada tanto en las condiciones laborales acreditadas como en la falta de aporte de los registros que hubieran podido clarificar la situación.
Cabe señalar que la resolución corresponde a primera instancia, por lo que podría ser objeto de apelación ante instancias superiores.
