Decisión de la Corte Suprema
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha validado la ley que permite la nueva composición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, con el objetivo de solucionar un conflicto de poderes existente en la provincia.
Según la resolución, el TSJ deberá estar integrado por nueve miembros. Este conflicto se inició en septiembre del año anterior, cuando cuatro magistrados del tribunal provincial se opusieron a la ampliación, lo que los dejó en una situación de minoría. Estos jueces no solo desconocieron los nombramientos de los nuevos vocales, sino que también se negaron a pagarles sus salarios y les prohibieron el acceso al edificio judicial. Además, sin contar con una mayoría completa, removieron al juez Daniel Mariani de la presidencia del TSJ.
Validación de la ley impulsada por el gobernador
Con esta resolución, la Corte ha convalidado la normativa impulsada por el gobernador Claudio Vidal, mediante la cual se incrementó de cinco a nueve el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Anteriormente, cuatro jueces de la Corte de Santa Cruz, alineados con el kirchnerismo, habían declarado inconstitucional esta medida, desencadenando una crisis institucional entre los tres poderes del estado en la región.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti subrayaron que «esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo». Asimismo, aclararon que la decisión implica que la ley recobra su plena aplicabilidad, estableciendo que el TSJ de Santa Cruz debe operar con el número legal de nueve miembros en todas sus decisiones, siempre que cumplan con los requisitos formales correspondientes.
La determinación del máximo tribunal llegó después de que se solicitaran, en dos ocasiones, a la corte local todos los expedientes en tramitación en la provincia. Al revisar el caso, los ministros señalaron los «graves defectos» en la decisión de impedir a los nuevos jueces asumir sus funciones y en la consideración de la legitimidad de la asociación de empleados judiciales para oponerse a la reforma decidida por el congreso provincial.
La Corte Suprema de la Nación subrayó que «el gobierno federal es el garante del goce y ejercicio de las instituciones provinciales» y que la Corte Suprema tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento del orden institucional.
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