Un nuevo proyecto controvertido del Gobierno
En medio de la presentación de un discutido proyecto sobre la Ludopatía, el Gobierno ha decidido avanzar con otra propuesta que provoca divisiones en la sociedad. Se trata de la derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida comúnmente como la Ley de Etiquetado Frontal. Esta ley, que lleva en vigor casi cuatro años, exige que se coloquen octógonos negros en alimentos y bebidas que superen los límites de azúcares, sodio, grasas o calorías.
La iniciativa fue presentada al Senado el pasado viernes, reabriendo un debate que había estado presente durante años, abarcando distintas perspectivas políticas, sanitarias y empresariales. En el documento firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, se afirma que la aplicación de la norma ha revelado múltiples «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y también económicas» que justificarían su eliminación.
Detalles sobre la ley actual
La ley 27.642 fue aprobada por el Congreso en octubre de 2021 y promulgada en noviembre del mismo año. Su implementación ocurrió de forma gradual, comenzando en agosto de 2022, un proceso que no fue del todo expedito, con diferentes plazos y prórrogas según el tipo de producto alimenticio.
Desde su inicio, los productos importados también han tenido que incluir los octógonos negros en sus envases. Esta normativa estipula que aquellos alimentos que excedan ciertos límites de nutrientes críticos deben llevar en el frente del envase los siguientes sellos de advertencia: “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales” y “Exceso en calorías”, según corresponda. Asimismo, se añadieron advertencias sobre cafeína y edulcorantes en productos dirigidos a niños y adolescentes, como las gaseosas con bajo contenido de azúcar.
Argumentos para la derogación
El Ejecutivo ha cuestionado el funcionamiento del sistema actual, argumentando que éste causa confusión a los consumidores. En el texto se menciona que la ley vigente implementa un esquema de sellos de advertencia basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), señalando que «no existe un modelo único y uniforme a nivel internacional» sobre el etiquetado frontal, y que los sistemas disponibles están en «constante revisión», lo que disminuye la validez de un enfoque rígido como el argentino.
Uno de los principales cuestionamientos se centra en el perfil de nutrientes que utiliza, el cual «aplica criterios homogéneos a alimentos con características muy diferentes», lo que, según advierten, puede llevar a que productos que tradicionalmente forman parte de patrones alimentarios culturalmente aceptados reciban las mismas advertencias que otros de menor calidad nutricional. Esto podría complicar la diferenciación adecuada entre los distintos alimentos.
El Gobierno asegura que el sistema “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas respecto del perfil nutricional integral de ciertos alimentos, generando confusión en los consumidores y alejándose de los objetivos que se proponía cumplir la ley”. También se critica la metodología de cálculo utilizada, que se basa en porcentajes del total energético, los cuales en ocasiones producen resultados “técnicamente inconsistentes o desproporcionados”. Además, argumentan que no hay incentivos suficientes para reformular los productos, ya que “la estructura binaria del sistema de advertencias dificulta mostrar mejoras parciales en la composición nutricional de los alimentos”.
Impacto en la industria alimentaria
Desde la industria alimentaria, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) aprecia la posibilidad de reexaminar esta legislación. Según esta entidad, el sistema implementado en Argentina ha presentado desafíos en diseño, aplicación y consistencia técnica, en muchos casos causando confusión entre los consumidores.
Los representantes de COPAL afirman que, aunque la ley buscaba proteger la salud pública, acabó convirtiéndose en “uno de los más amplios y restrictivos de la región” y critican su enfoque en nutrientes en base a proporciones del contenido calórico de cada producto, lo que podría llevar a “distorsiones y situaciones difíciles de interpretar” para el consumidor. La presidenta de COPAL, Carla Martín Bonito, sostiene que “las políticas alimentarias requieren integralidad” y hace un llamado a la creación de regulaciones efectivas, balanceadas y fundamentadas en evidencias. Además, advierte sobre la falta de alineación regulatoria con otros países del Mercosur y las repercusiones en la competitividad de las exportaciones.
Mientras tanto, el nutricionista y director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA), Sergio Britos, coincide en que la derogación de una ley que ha generado tanto debate y se ha implementado con condiciones específicas no es un paso en la dirección correcta. Britos recuerda que durante las discusiones legislativas se cuestionó el perfil de nutrientes adoptado por Argentina, que se basa en un modelo de la OPS. Este sistema, según su opinión, era “demasiado rígido” y utilizaba una lógica de cálculo “técnicamente inconsistente”, categorizando como “malos” a alimentos que no son necesariamente perjudiciales. Además, señala que el Mercosur avanza hacia modelos más alineados a estándares globales, con mayor flexibilidad para adaptarse a nuevas evidencias científicas.
Reacción de las organizaciones de salud
La propuesta de derogación ha implicado un fuerte rechazo por parte de organizaciones especializadas en políticas de salud pública. Victoria Tiscornia, magíster en nutrición e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC), que impulsó la ley, advierte que la eliminación de esta regulación sería “un grave retroceso”. Según Tiscornia, no hay justificaciones sanitarias para tal decisión, ya que existe evidencia científica “sin conflictos de interés” que respalda la eficacia de la política vigente.
La investigadora cita estudios locales que demuestran que “9 de cada 10 personas consideran que los sellos son útiles y fáciles de entender”, y que más de la mitad de la población ha cambiado sus decisiones de compra en productos como bebidas y galletitas tras la implementación de la ley. “En general, la evidencia muestra resultados muy consistentes: la ley es altamente valorada, mejora la comprensión de la información nutricional y provoca cambios positivos en las decisiones de compra”, concluye Tiscornia. A lo que añade que “derogar esta ley implicaría un serio retroceso en el derecho a la salud y a una alimentación adecuada”.