Reconocimiento de deuda por parte del Gobierno
El Gobierno ha reconocido una suma aproximada de $ 220.000 millones en deuda a las empresas contratistas que trabajan en proyectos de obra pública. A modo de respuesta, se ha presentado un plan para liquidar esta obligación mediante la emisión de tres bonos del Tesoro, con el fin de evitar comprometer el superávit fiscal.
Detalles del plan de pago
La noticia fue divulgada este jueves a través de una resolución emitida en el Boletín Oficial de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, dirigida por Fernando Hermann, quien asumió el cargo de Carlos Frugoni a finales de abril. Esta medida implica la creación de un Régimen Simplificado para la extinción de obligaciones de contratos relacionados con la obra pública.
El decreto estipula que se pretende saldar deudas acumuladas por certificados de obra, adquisición de materiales, redeterminaciones de precios y contratos finalizados, que han persistido desde enero de 2022 hasta finales de 2025. En los fundamentos de la decisión, el Gobierno reconoció que, tras un análisis realizado por las respectivas áreas, se identificaron «obligaciones pendientes de cancelación» con los contratistas de obras.
Limitaciones presupuestarias y alternativas ofrecidas
No obstante, se menciona que la necesidad de mantener el superávit fiscal impide que esta deuda se abone con recursos de los fondos presupuestarios. En consecuencia, se ha determinado que, «teniendo en cuenta la indisponibilidad de créditos presupuestarios… es conveniente implementar procesos que permitan ofrecer a los contratistas mecanismos e instrumentos alternativos para la cancelación de sus acreencias».
El Ministerio de Economía presentó una canasta de tres bonos en pesos, con vencimientos programados entre octubre de este año y abril de 2027. Estos bonos se otorgarán de manera equitativa a las empresas contratistas que opten por sumarse al plan. Los bonos incluyen una Lecap que vencerá el 30 de octubre, un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027 y otro Boncap que finalizará el 30 de abril de 2027. Los títulos se entregarán a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia, y el programa tendrá un límite máximo de $ 221.119 millones, que es el total de los pagos que el Estado nacional reconoce.
Reacciones y consideraciones de las constructoras
Las empresas constructoras consideran que este monto podría ser insuficiente. Según análisis preliminares por parte de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la deuda relacionada con certificados de obra podría alcanzar hasta $400.000 millones. Sin embargo, el plan de pago propuesto se limita a los montos que ya han sido facturados, excluyendo así la totalidad de la deuda demandada por la cámara constructora.
Proceso de adhesión para las empresas
El proceso se inicia con la publicación del decreto y el Gobierno espera que sea ágil. Las empresas interesadas deberán adherir de manera voluntaria y tendrán un plazo de diez días hábiles para solicitar su inclusión, seguido de otros diez días para presentar la liquidación de los montos que consideran adeudados por parte del Estado.
A cambio de participar, las empresas deberán aceptar ciertas condiciones, tales como desistir de cualquier reclamo administrativo o judicial relacionado con dichos contratos, así como renunciar a cualquier crédito futuro vinculado a la obra, incluyendo aquellos que pudieran surgir por ajustes en la economía del contrato debido a la modalidad de pago a través de títulos públicos.
Esta estrategia de pago no es nueva, ya que Caputo ha utilizado procedimientos similares anteriormente, cuando el Estado acumuló deudas con generadoras eléctricas y productores de gas, en ese caso ofreciendo un bono en dólares a 2038 con un 4,25% de tasa de interés anual, lo que implicó una quita para aquellos que decidieron deshacerse de dicho bono.