Alerta en el Valle de Uco
Los productores vitivinícolas del Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, han levantado la voz de alarma ante el notable deterioro de la rentabilidad en su sector. Aseguran que el constante aumento de los costos de producción, en conjunto con los precios que no logran compensar dicha alza, ha llevado a muchos viñedos a operar con pérdidas, poniendo en riesgo la continuidad de sus establecimientos, especialmente aquellos de menor tamaño.
Esta preocupación se manifestó durante una visita del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, quien estuvo acompañado por líderes de la Sociedad Rural del Valle de Uco y productores de la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud.
Costos versus ingresos
De acuerdo con el estudio presentado durante el encuentro, producir una hectárea de viñedo requiere una inversión aproximada de $7.050.000, mientras que los ingresos estimados ascienden a tan solo $4.400.000, resultando en una pérdida de $2.650.000 por hectárea. Esta situación implica que los viticultores recuperan apenas el 62% de sus costos operativos, excluyendo el valor de la tierra y las inversiones en infraestructura.
Los datos recopilados por la cooperativa destacan que el mayor componente de los costos es la mano de obra (aproximadamente $3 millones por hectárea), seguido de los insumos agrícolas ($1,5 millones), los gastos en maquinaria y rodados ($900.000), cosecha y acarreo ($800.000), combustibles y lubricantes ($600.000), electricidad ($200.000) e impuestos y servicios.
Claudio Giusti, vicepresidente de la Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud y presidente de la CAR de Mendoza, expresó: «La rentabilidad es totalmente negativa. Solo alcanzamos a recuperar el 62% y tenemos una pérdida del 38%. Esto perjudica gravemente a la actividad y nos obliga a ir reduciendo cada vez más nuestra operación».
Inversiones postergadas y desafíos energéticos
En este contexto, los productores han comenzado a postergar inversiones necesarias para mantener la productividad de sus viñedos. Giusti explicó que «cada año es necesario renovar entre el 10% y el 15% de la estructura, como palos y alambres, materiales que se desgastan con el tiempo. Esto se evita porque no es posible afrontar esos costos. También es difícil fertilizar, lo que impacta negativamente en la calidad y cantidad de la producción.»
Además, los costos de energía han aumentado, lo que es crítico en una región donde el riego es esencial. «Hemos invertido en riego por goteo para ser eficientes en el uso del agua, pero hoy no es suficiente para cubrir la demanda energética del riego», indicó Giusti.
También destacó que quienes aún utilizan el riego por surco enfrentan problemas crecientes debido a la escasez de agua. «Cada vez hay menos disponibilidad hídrica. El sistema opera por turnos y no se alcanza a irrigar toda la viña, lo que resulta en una disminución de la producción», explicó.
Retos económicos y el impacto en la comunidad
Aparte de los costos laborales, los productores enfrentan una creciente presión impositiva y un incremento en los precios de los combustibles y agroquímicos. Giusti comentó: «Todo está dolarizado. Se mantiene un dólar relativamente estable; sin embargo, los costos de fertilizantes, herbicidas y productos para el cuidado de las viñas siguen aumentando. Tenemos una disparidad enorme: costos en ascenso y precios en descenso».
La actividad vitivinícola, que requiere de una mano de obra intensiva, está mostrando signos de que cualquier retroceso repercute rápidamente en las economías locales. «Si no hay empleo, el comercio y la vida en los pueblos que dependen de la agricultura también sufren», agregó Giusti.
La situación afecta a todos los productores, independientemente de su tamaño, con Giusti señalando que «el 100% de los productores está en una situación crítica. Este año ha sido complicado tanto para los pequeños como medianos y grandes. No hay economía de escala; tanto los grandes como los pequeños sufren». Sin embargo, indicó que los pequeños viñateros son los que corren mayor riesgo de desaparecer. «Los productores con cinco hectáreas pueden verse obligados a abandonar la actividad porque no pueden ni siquiera costear la poda, elemento esencial para iniciar su ciclo productivo».
El cambio de actividad implica grandes inversiones y un considerable tiempo de espera, ya que «una nueva plantación requiere tres años para dar su primera cosecha», dijo Giusti. La pérdida de rentabilidad se ve agravada por la lentitud en la cadena de pagos, donde las bodegas pueden tardar entre seis a siete meses en abonar a los productores.
Desafíos para la continuidad del sector
A pesar de estas dificultades, Giusti mencionó que hay oportunidades a largo plazo en la apertura de nuevos mercados, como los tratados de libre comercio con la Unión Europea. «Nuestra producción es de alta calidad y los productores buscan ser competitivos», apuntó.
No obstante, el desafío inmediato es evitar la desaparición de los viñedos antes de que se materialicen estos beneficios. «Si logramos incrementar las exportaciones, considero que a largo plazo esto podría mejorar. El punto crucial es salvar a los productores para que no queden atrás», concluyó, destacando que están en conversaciones con distintas entidades para acceder a herramientas financieras que apoyen a los viñateros, ya que «detrás de cada productor hay muchas familias y comerciantes cuyas vidas dependen de esta actividad».