Nuevo escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino
Un fuerte revuelo ha afectado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras la petición del fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón. Este ha solicitado la detención y indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, junto con su círculo familiar y empresario, por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
Detalles de la solicitud fiscal
En la petición se incluyeron también medidas como allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los acusados, lo que impacta a numerosas empresas, propiedades y vehículos. El caso, que fue asignado inicialmente al juez federal Sebastián Argibay, ha sido transferido al juez de turno en Tucumán debido a las vacaciones del primero.
El fiscal alega que Tapia y Toviggino forman parte de “una organización criminal nacional e internacional con abundantes recursos económicos que podrían obstruir el proceso o intentar evadir el país”. Su solicitud se basa en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que revelan un patrón sospechoso en las adquisiciones y movimientos financieros que no se alinean con los ingresos declarados.
Red de sociedades bajo la lupa
La investigación se centra en un entramado de empresas vinculadas a Toviggino, quien es oriundo de Santiago del Estero, y a quienes le rodean. Entre los activos investigados se encuentran estancias, propiedades, vehículos y participaciones empresariales, así como inversiones financieras, incluyendo plazos fijos y acciones. Se sospecha que estos bienes fueron adquiridos con fondos desviados de la AFA mediante maniobras de blanqueo.
Los imputados incluyen, además de Tapia y Toviggino, a Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Manuel Hernán Del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Implicaciones de las empresas mencionadas
Entre las sociedades citadas en el dictamen del fiscal se encuentra Real Central SRL, relacionada con Luciano Pantano, un supuesto testaferro y propietario de una mansión en Pilar con un valor aproximado de 17 millones de dólares. También están bajo observación las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal también mencionó a TourProdEnter, perteneciente al empresario Javier Faroni, implicado en facturaciones hacia compañías asociadas con Toviggino. Esta misma red empresarial está siendo investigada en otro caso en el juzgado federal de Campana, liderado por el juez Adrián González Charvay.
Conflicto de competencia en el proceso judicial
En Santiago del Estero, la investigación se enfoca en los patrimonios ubicados en la provincia y en las transferencias de fondos que Tapia, en su rol como presidente de la AFA, realizó hacia las empresas controladas por Toviggino. Esto ha provocado un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, el cual deberá ser resuelto por la Cámara Federal de Casación Penal.
