Perspectivas del consumo energético en el invierno
Con la llegada de las primeras olas de frío y un notable incremento en el consumo de gas residencial, el sistema energético de Argentina enfrenta una grave tensión. El Gobierno nacional ha autorizado nuevas subidas tarifarias para el gas de uso doméstico, ajustes en las tarifas para distribuidores y productores, cambios en el Plan GasAr, además de subsidios, al tiempo que avanza en el Congreso un proyecto que podría limitar el régimen de Zona Fría, que brinda alivio tarifario a millones de usuarios en el interior del país.
Industrias y provincias del Noroeste Argentino (NOA) han expresado sus preocupaciones tras la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, que ha recortado hasta un 35% la capacidad firme de transporte de gas para el sector productivo en esta región. Esto ha generado incertidumbre sobre posibles cortes, aumento de costos y pérdida de competitividad en plena temporada invernal.
Aumento de tarifas y consumo residencial
Las bajas temperaturas han impactado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en gran parte del país, aumentando el consumo de gas en los hogares. En 2026, el Gobierno ha concedido varias actualizaciones en las tarifas de gas natural, afectando tanto el precio PIST como los cuadros tarifarios de transporte y distribución. Estas subidas se suman a las fuertes incrementos desde 2024 y 2025, parte de la política de reducción de subsidios energéticos y el traslado de costos a los usuarios.
Un análisis realizado por ENARGAS indica que las facturas de gas en el AMBA han visto un incremento promedio del 80% al 140% interanual en 2026, dependiendo de los niveles de ingresos y las categorías de consumo. Muchos hogares han enfrentado aumentos acumulados superiores al 700% en dos años, principalmente aquellos pertenecientes a las clases media y alta.
Legislación y posibles recortes de beneficios
Durante un debate legislativo, la ex secretaria de Transporte y actual diputada nacional, Jimena López, criticó los incrementos y los recortes al régimen de zonas frías, planteando: “¿Qué salida tienen las familias argentinas si el gas aumenta un 700% en dos años y ahora además quieren avanzar sobre el régimen de zonas frías?”.
Desde la Secretaría de Energía, se argumenta que los aumentos de 2026 buscan moderar el impacto en los consumidores a través de subsidios focalizados y ajustes estacionales. En febrero, se informó que el aumento promedio de la tarifa de gas natural fue escaso, de apenas 0,96%, mientras que en abril se comunicó una disminución promedio del 5,66% en las facturas a nivel nacional.
La Ley de Zonas Frías y su relevancia política
La Ley 27.637, que se aprobó en 2021, amplió el régimen de Zona Fría, ofreciendo descuentos del 30% y 50% en las tarifas de gas natural a más de 3 millones de hogares en zonas con temperaturas adversas. La reforma que ahora propone el oficialismo busca restringir estos beneficios y ha generado controversia en el Congreso, con el respaldo de alianzas políticas como el PRO y la UCR.
Durante las sesiones, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió la necesidad de optimizar los recursos económicos, afirmando que “el subsidio de zona fría beneficia a todos los usuarios de una vasta región del país, independientemente de su poder adquisitivo”.
Reacciones políticas y sociales ante posibles recortes
La posible eliminación de beneficios ha desatado reacciones en municipios cubiertos por el régimen desde 2021. El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, defendió el régimen como un apoyo importante para las familias locales. En Tandil, se ha advertido que su exclusión supondría un retroceso en la justicia social.
El concejal tandilense Marcos Nicolini destacó que enfrentan inviernos con temperaturas extremas, sugiriendo que su situación es comparable a la de provincias patagónicas que mantienen el beneficio. En Junín, la concejal Clara Bozzano alertó sobre el impacto negativo que la eliminación tendría sobre las economías familiares.
Desafíos en el NOA por recortes de gas industrial
A la par del debate tarifario, el NOA enfrenta preocupaciones sobre el suministro de gas en invierno. La Resolución 66 ha sido criticada por su impacto en la capacidad de transporte para industrias del norte, con una reducción del 35%, afectando a su competitividad. La senadora Flavia Royón advirtió sobre las desigualdades de acceso a gas entre regiones, destacando la necesidad urgente de finalizar las plantas compresoras para asegurar el suministro.
Críticas desde distintos sectores industriales
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, ha manifestado que el futuro se presenta sombrío, afirmando: “Hoy el tema central no es el agua, es el gas. El tema del gas es tremendo, no va a haber gas”. Si bien se alude a la imposibilidad de cubrir la demanda mediante GNL importado, el costo asciende a más de 27 dólares por millón de BTU, lo que resulta insostenible para empresas de la región.
Los empresarios del NOA enfatizan que el verdadero problema radica en la falta de infraestructura suficiente para transportar el gas desde Vaca Muerta hacia el norte. La demora en la reversión del Gasoducto Norte ha exacerbado esta crisis, con el riesgo de que se tenga que importar un volumen considerable de GNL este invierno.
Acciones del Gobierno y alternativas
El Gobierno ha reconocido que se requieren importaciones de gas natural licuado (GNL) para satisfacer la demanda durante los días más fríos. En un movimiento reciente, se han adquirido nueve barcos de GNL a través de la terminal regasificadora de Escobar para cubrir los picos de consumo.
La secretaria Tettamanti ha declarado que en este contexto el objetivo es trasladar parte del riesgo económico hacia el sector privado, y que algunas industrias están buscando alternativas a los combustibles importados debido a su elevado costo. Sin embargo, el futuro se presenta incierto, ya que el costo de regasificación aún genera dudas sobre quién asumirá los gastos.
Por tanto, el país se enfrenta a un invierno desafiante en cuanto a energía, donde se tensionan las relaciones políticas y se mantienen elevadas las preocupaciones entre los usuarios y el sector productivo.