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Privatización de AySA: Implicaciones para tarifas, proyectos y empleo

Privatización de AySA: Implicaciones para tarifas, proyectos y empleo

Detalles de la privatización de AySA

Un consorcio de inversores locales y brasileños adquirió el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al presentar una oferta de USD 340,2 millones en la licitación organizada por el Gobierno nacional. Esta empresa se encarga de proporcionar agua potable y servicios de saneamiento a 14 millones de residentes en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires (AMBA) y empezará a ser administrada nuevamente por un operador privado entre enero y febrero de 2027, fecha a partir de la cual el nuevo consorcio asumirá el control completo de la operación.

El consorcio agrupa a Rowing SA, una firma de ingeniería con más de 30 años de experiencia en infraestructura en Argentina; Transclor SA, que provee productos químicos para la potabilización del agua; la brasileña Arcos Saneamento e Participações SA, una compañía del Grupo Equipav encargada de la operación técnica; y el fondo de inversión PHX Aqua AR B.V., radicado en los Países Bajos. Su propuesta superó en casi un 20% a la del consorcio competidor liderado por el Grupo Roggio, que había ofertado USD 285 millones.

Reacciones del consorcio ganador

El grupo dirigido por el empresario Walter Román expresó su satisfacción por haber presentado la mejor oferta como Operador Estratégico de AySA, tras un proceso de licitación nacional e internacional convocado por el Estado. «Llegamos a la instancia final de esta privatización con una propuesta sólida, competitiva y respaldada por nuestra experiencia como el operador privado de agua más importante del país», señalaron en un comunicado.

Cambios en las tarifas

Con respecto a las tarifas, el nuevo acuerdo estipula que las facturas no quedarán congeladas, aunque no se prevé un aumento significativo durante el primer periodo de la concesión. Según los términos del contrato, existen dos mecanismos de ajuste para el ciclo 2027-2031: un coeficiente denominado “K”, relacionado con variables de costos, y un “Factor C” de corrección anual que puede modificar la tarifa dependiendo del cumplimiento de ciertos objetivos de calidad.

La revisión tarifaria completa se realizará en el cuarto año del ciclo, donde la empresa tendrá que negociar un nuevo plan de inversión y estructura de costos para el periodo 2032-2036. Durante el primer periodo, se ha establecido una tasa de retorno del 8,90% anual, aprobada y fija durante los cinco años del ciclo.

Compromisos de inversión

El contrato compromete una inversión mínima de USD 2.000 millones en los primeros cinco años, con un total proyectado de USD 15.040 millones a lo largo de los 30 años del contrato. La infraestructura existente, incluidas redes y plantas, permanecerá como activo estatal al finalizar la concesión.

Las metas de cobertura de agua potable buscan un 75,3% para 2031, alcanzar el 78,9% en 2036 y superar el 90% al concluir los 30 años. Para saneamiento, los objetivos son del 63,9% en 2031, 65,3% en 2036 y un mínimo del 75% al término del contrato.

Situación laboral y expectativas de empleo

Sobre el aspecto laboral, el pliego que guía esta privatización no especifica la obligación de mantener la actual dotación de empleados. Desde el inicio del proceso, el personal de AySA se redujo de 7.700 a 5.890 empleados, según el presidente de AySA, Alejo Maxit, sin generar conflictos laborales. Aunque los convenios previos siguen vigentes, el nuevo operador tendrá libertad para reorganizar la estructura de la empresa.

Expectativas económicas y proyecciones gubernamentales

Finalmente, el Ministerio de Economía había previsto recaudar cerca de USD 500 millones por el paquete accionario. Sin embargo, la cifra final estuvo por debajo de las expectativas, la cual se debe en parte al considerable volumen de inversión que exigirá el nuevo operador desde el primer momento. «AySA era un modelo de disfunción administrativa», señalaron desde el Ministerio tras la apertura de los sobres, apuntando que, entre 2006 y 2023, la empresa recibió más de USD 13.400 millones en transferencias del Tesoro, mientras que un tercio del área concesionada aún carece de acceso a agua potable y servicios sanitarios.