Extensión del plazo para ofertas
El Gobierno de Argentina ha decidido extender el plazo para la privatización de Intercargo, la estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos más importantes del país. La fecha límite para recibir ofertas a través de la plataforma CONTRAT.AR, inicialmente establecida para el 7 de mayo, se ha trasladado al 10 de junio.
Además, los interesados podrán realizar consultas sobre las bases y condiciones hasta el 26 de mayo, una ampliación en comparación con el plazo anterior que vencía el 27 de abril. Esta prórroga fue oficializada mediante la resolución 521, que se publicó en el Boletín Oficial el jueves pasado.
Detalles de la privatización
A finales de marzo, el Ejecutivo habilitó el proceso de **licitación pública nacional e internacional** para la venta completa de las acciones de la compañía. En 2024, la empresa fue formalmente sujeta a privatización total bajo la ley Bases, y en marzo de 2025 se emitió un decreto presidencial que autorizó la venta accionaria.
El Secretario de Transporte, en un comunicado, indicó que la resolución 521 hizo rectificaciones al pliego anterior, especificando que las mangas de embarque no serán parte de la licitación, ya que cada operador aeroportuario asumirá la responsabilidad de su operación. Sin embargo, se reafirmó que no hubo modificaciones significativas en el proceso.
- La privatización implica la transferencia completa de la compañía y sus activos.
- El Estado Nacional se retirará totalmente de su participación en la empresa, sin dejar acciones ni un asiento en el directorio.
- Se garantizará la continuidad operativa de Intercargo, con la preservación de sus contratos, licencias y operación en los aeropuertos.
Implicaciones del cambio
A partir de enero de 2025, se introdujeron 11 nuevos proveedores de servicios de asistencia en tierra, de los cuales cuatro ya están en operación. Fundada en 1961 y designada como operador exclusivo de rampa en 1990, Intercargo actualmente opera en 16 aeropuertos y emplea a más de 1.500 trabajadores.
Los empleados están sindicados en dos gremios aeronáuticos que han mostrado resistencia a la política de ‘cielos abiertos’ del Gobierno, llevando a cabo diversas medidas de protesta a finales de 2024.
Desde la perspectiva gubernamental, este proceso de privatización busca eliminar distorsiones heredadas en la estructura operativa y de tarifas, alejándose de un modelo que dependía de asistencia estatal. La venta buscará atraer inversiones privadas para modernizar los equipos, actualizar la infraestructura, mejorar la calidad y eficiencia del servicio, y reducir los costos operativos.