Medidas contra las Amenazas en Escuelas
El gobierno de Santa Fe anunció el lunes que cobrará a los responsables de amenazas en escuelas el costo de los operativos policiales que se realicen. Esta decisión se toma en el marco de una creciente ola de intimidaciones, la más grave de las cuales ocurrió a principios de mes, cuando un joven de San Cristóbal asesinó a Ian Cabrera, de 13 años.
Desde la administración provincial informaron que sólo el viernes pasado se registraron 65 incidencias relacionadas con amenazas en escuelas, lo cual activa diferentes protocolos de reacción.
Consecuencias Legales y Costos Asociados
Las autoridades recordaron que actos como pintadas, difusión de mensajes intimidatorios o alarmas falsas constituyen un delito de intimidación pública, según el artículo 211 del Código Penal, que conlleva penas de prisión. El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, comentó que cada operativo policial tiene un costo estimado de entre $5 y $6 millones. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, afirmó.
Además, Cococcioni indicó que, bajo instrucciones del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará con acciones judiciales para reclamar compensaciones económicas cuando se logre identificar a los infractores. “Existen consecuencias que no siempre se perciben inicialmente, pero que afectan tanto a los menores como a sus representantes legales”, agregó.
Iniciativas en el Ámbito Educativo
El ministro de Educación, José Goity, hizo un llamado a la comunidad educativa para que tome un papel activo en la prevención de este tipo de conductas. Se emplazó a directores, docentes y estudiantes a discutir esta problemática en las aulas, considerando su inclusión como falta grave en los acuerdos de convivencia escolar.
Asimismo, Goity enfatizó la importancia de mantener un diálogo fluido en los hogares y advirtió las repercusiones de estos comportamientos. Tras los eventos en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, se han detectado nuevas amenazas asociadas a desafíos virales que alteran el normal funcionamiento de las escuelas, generando tensión en toda la comunidad.
Monitoreo y Abordaje de la Situación
En la última semana, el ministro mencionó que se ha trabajado en coordinación constante con las nueve regionales educativas para monitorizar e intervenir ante cada situación. Además, se enviaron directrices a escuelas y familias sobre cómo actuar y los riesgos de estos eventos. «Estas amenazas no son una broma: son un delito y tienen consecuencias para quienes las realizan y sus familias», enfatizó Goity, quien propuso formar una «alianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado».
Por otro lado, Cococcioni explicó que en su área se están abordando dos frentes: el manejo de la violencia en entornos digitales junto al Ministerio de Seguridad de la Nación, y la reacción ante amenazas específicas a través de comunicaciones. En los casos donde se presuma actividad delictiva, se involucra al MPA y se pueden llevar a cabo procedimientos como el secuestro de dispositivos.
Cococcioni subrayó que, aunque los menores no sean penalmente responsables por su edad, las intervenciones pueden dejar antecedentes que obstaculicen, en el futuro, la obtención de certificados de buena conducta o la posibilidad de viajar al exterior. Además, los adultos a cargo podrían enfrentar medidas legales.