Desarrollo del juicio
El jurado de enjuiciamiento que investiga la actuación de tres fiscales implicados en el caso del homicidio de Nora Dalmasso vivió este miércoles un importante avance. Al rededor de las 9:20 horas, la fiscal Betina Croppi comenzó su alegato acusatorio contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, a quienes se les imputa por mala praxis y negligencia grave durante la indagación del asesinato. Después de casi dos horas de presentación, Croppi exigió la destitución inmediata de los tres fiscales, alegando que su actuación negligente había obstaculizado de manera significativa la resolución de un caso que permanece sin justicia desde hace 19 años.
Causas de la revictimización
El tribunal, encabezado por la legisladora Julieta Rinaldi, siguió escuchando las conclusiones de la fiscal Croppi y la defensa de los acusados durante varias jornadas de testimonios, que incluyeron a la familia Macarrón y otros funcionarios judiciales. En su presentación, Croppi destacó que este es el primer jury de enjuiciamiento en Córdoba contra tres funcionarios del Poder Judicial, enfatizando que «las circunstancias de la causa han sido probadas» y anticipando que su conclusión final abogará por la eliminación de los fiscales.
La fiscal también enfatizó la revictimización de Nora Dalmasso, quien fue sometida a un tratamiento que careció de perspectiva de género, resultando en violaciones a su derecho a la intimidad. Según Croppi, fue la misma fiscalía la que propició la difusión de rumores sobre la vida personal de Nora, afirmando que «el rumor de los amantes de Nora nació en el quincho de la casa el mismo día del hallazgo».
Errores durante la investigación
Durante su alegato, Croppi criticó la forma en que se abordó la recolección de evidencias, afirmando que se desestimaron elementos clave, como las sospechas sobre Roberto Bárzola, un parquetista cuyos muestras genéticas fueron halladas en la bata de la víctima. Apuntó que la mayor parte de su discurso se centró en las acciones del primer fiscal del caso, Javier Di Santo, quien interpretó la elección sexual de Facundo Macarrón, uno de los imputados, como una «desviación moral». Croppi subrayó que hubo una actitud de desidia evidente y irregularidades sistemáticas a lo largo de los años, las cuales constituyen una negligencia grave que causó un daño institucional significativo.
Impacto en la familia Macarrón
En su narrativa, Croppi mencionó cómo Di Santo desvió la atención hacia la familia tras la movilización social que se generó en respuesta a la detención del albañil Gastón Zárate, conocido como «El perejil». Criticó la imputación de Facundo Macarrón, basada en sospechas y un mapeo genético que incluía a su suegro, alegando que se eligió al hijo por prejuicios sobre su homosexualidad. «Se le arruinó la juventud durante cinco años con una acusación pública basada en sospechas leves».
Además, cuestionó cómo se ignoraron informes del FBI y de la perito Nidia Modesti, que recomendaban investigar a Bárzola, resaltando que estos informes indicaban un perfil genético desconocido, cuya presencia sugería una autoría clara.
Conclusiones finales
Croppi condenó las acciones de Miralles, a quien acusó de alimentar una teoría infundada sobre el viudo de Nora Macarrón y señalar a Pizarro por formular una acusación de «homicidio por encargo» sin soportes probatorios, planteando un complot sin detalles claros sobre el mismo. La fiscal concluyó su argumentación sugiriendo que los fiscales no han mostrado un verdadero interés por descubrir quién fue responsable de la muerte de Nora Dalmasso, y solicitó su destitución inmediata.
El crimen de Nora Dalmasso
Nora Dalmasso, de 51 años, fue hallada asesinada en su hogar en Villa del Golf, Río Cuarto, Córdoba, donde fue agredida sexualmente y estrangulada con el cinto de su bata de baño. A lo largo del tiempo, las acusaciones inicialmente recayeron sobre varios sospechosos, entre ellos el albañil Gastón Zárate y su hijo Facundo Macarrón, que fue imputado a los 16 años.
A finales de 2024, se halló que el ADN encontrado en el cinto y en un cabello en el cuerpo de Dalmasso pertenecía a Roberto Bárzola, entonces de 47 años, quien había trabajado en su casa poco antes del crimen y había tenido una discusión con ella. A pesar de ello, las autoridades no tomaron la muestra de ADN a Bárzola en su momento. Fue el fiscal Pablo José Jávega quien finalmente lo hizo, después que el caso ya había prescripto.