Argentina en la OEA: un llamado urgente por los derechos humanos en Venezuela
El casi cumplimiento del primer aniversario de la detención de Germán Darío Giuliani, el último argentino apresado por el régimen venezolano, ha motivado a Argentina a renovar su petición ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El objetivo es exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela y facilitar el acceso de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país sudamericano.
Reunión en Washington sobre la crisis humanitaria
Durante la reunión que tuvo lugar este miércoles en Washington D.C., el tema de la crisis humanitaria en Venezuela fue abordado a instancias de Argentina y otros países miembros. El representante argentino, Carlos Cherniak, hizo un llamado firme para que el tema de los derechos humanos se mantenga activo en la agenda del organismo internacional. En su discurso, Cherniak subrayó: «Esta organización debe ser la voz de los sin voz en cualquier contexto donde ocurran violaciones sistemáticas a los derechos humanos».
Medidas cautelares para Giuliani
Días antes de la reunión, el 27 de abril, la CIDH emitió la Resolución 32/2026, que otorga medidas cautelares a Giuliani y exige a las autoridades venezolanas que proporcionen información detallada sobre su estado de salud y las condiciones de su detención. La resolución se basa en denuncias de torturas y maltratos, donde se indicó que Giuliani habría confesado haber sido forzado a firmar declaraciones bajo amenaza de violencia.
Giuliani fue arrestado entre el 21 y el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana mientras se encontraba en una embarcación en las aguas del estado Anzoátegui. Su aprehensión ocurrió inmediatamente después de que su acento argentino fuera identificado, y desde entonces ha enfrentado acusaciones de terrorismo y narcotráfico, sin pruebas judiciales claras.
Condiciones de detención y salud
Desde su arresto, Giuliani ha sido trasladado por múltiples centros penitenciarios, incluyendo el Comando Militar de Las Acacias, Yare II y Yare III. Su familia ha perdido contacto y no conocen su ubicación exacta en el complejo carcelario. Asimismo, la CIDH ha documentado que las comunicaciones con su familia son limitadas, restringidas y supervisadas, afectando gravemente su salud mental.
A pesar de que el régimen venezolano no ha respondido a la solicitud de información formulada por la CIDH el 16 de abril, el pasado encuentro en la OEA también sirvió para que Cherniak reconocido avances en Venezuela, aunque advirtió que aún persisten serias preocupaciones ante la situación de los detenidos y desaparecidos.
Un llamado a la acción regional
En su intervención, Cherniak enfatizó la necesidad de acelerar la diplomacia preventiva en la región, no como un mecanismo de señalamiento, sino como un apoyo oportuno a los esfuerzos por avanzar hacia la libertad de los presos políticos y la restitución de la democracia en Venezuela.
Previamente a su intervención, el comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, presidente de la CIDH, presentó un informe alarmante sobre la situación, revelando que hasta abril de 2026, hay 454 personas detenidas en Venezuela por razones políticas, incluyendo 44 mujeres, un adolescente y un número significativo de civiles y militares. Ralón Orellana demandó el cese inmediato de todas las detenciones arbitrarias y un acceso completo a la información pública sobre los detenidos.
Además, subrayó la importancia de reformas estructurales para garantizar la protección ante la tortura y la restauración del orden democrático, instando a la OEA a hacer realidad una visita a Venezuela con acceso irrestricto a los centros de detención.