Extorsiones a través de aplicaciones de citas
El fiscal Federico Iuspa ha solicitado que se eleve a juicio oral a un total de siete individuos acusados de formar parte de una banda que extorsionaba a hombres a través de aplicaciones de citas. Además, ha pedido que los dos presuntos líderes de esta organización sean juzgados por instigar el suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
Detalles de la causa
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de San Isidro por la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro. Según el Ministerio Público Fiscal, el caso se relaciona con la muerte de Rodrigo Gómez, un joven de 21 años, que ocurrió en diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos.
Se atribuyen a la banda tres incidentes de extorsión que tuvieron lugar entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero del presente año. En uno de los casos, la víctima, el soldado Gómez, transfirió $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago el 15 de diciembre. En otros dos episodios, un hombre envió $15.000 el 26 de diciembre y otro depositó $116.000 entre el 22 y el 28 de diciembre.
La estructura de la banda
La fiscalía identifica a los líderes de la organización como T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, quienes operaban desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. También se mencionan a otros involucrados como K.M.S.P., de 28 años, actualmente en la Unidad N°26 de Lisandro Olmos, I.A.C., de 23, K.Y.C., de 25, E.Y.T., de 36, y C.A.M., de 24 años, quienes desempeñaban funciones logísticas para la banda.
Las mujeres del grupo ayudaban facilitando cuentas de billeteras virtuales y chips telefónicos usados por los internos para comunicarse desde prisión.
Inicio de la investigación
La investigación se inició tras encontrarse el cuerpo sin vida de Rodrigo Gómez el 16 de diciembre en una garita de la residencia presidencial. El soldado, miembro del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, se quitó la vida con su arma de reglamento y dejó una carta en la que explicaba sus razones.
A través de la colaboración entre la Fiscalía, el Juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, se pudo demarcar el modus operandi de la banda, que incluía la creación de perfiles falsos de mujeres para contactar a potenciales víctimas y luego llevar la conversación a WhatsApp.
Una vez en contacto, las víctimas recibían un audio de alguien que se presentaba como la madre de la ficticia joven, asegurando que esta era menor de edad y advirtiendo sobre la posibilidad de una denuncia penal. Posteriormente, un impostor que se hacía pasar por miembro de la policía exigía transferencias de dinero para evitar la supuesta denuncia.
Procedimientos y acusaciones
El 9 de febrero, y bajo la dirección de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se realizaron siete allanamientos en los que se detuvieron a las cuatro mujeres implicadas en la trama. Posteriormente, tres de las acusadas solicitaron su liberación, pero el fiscal Iuspa se opuso, argumentando la gravedad de los hechos y el impacto en varias víctimas.
Sobre la base de la evidencia recolectada, Iuspa ha solicitado que T.M.F. y M.J.D.A. sean llevados a juicio por asociación ilícita agravada y coautores de los hechos de extorsión, además de la acusación por la instigación al suicidio del soldado, que conlleva una pena de entre uno y cuatro años de prisión. Los demás acusados también enfrentarán cargos relacionados con la asociación ilícita y las extorsiones.
El fiscal destacó que las acciones de la banda demuestran un conocimiento claro sobre la actividad ilegal y evidencian una relación organizada con fines delictivos, operando bajo un plan establecido.