Acuerdo con bonistas del default de 2001
El Gobierno argentino ha sido habilitado para realizar pagos a los bonistas que aún mantenían litigios internacionales relacionados con el default de 2001. Este acuerdo fue formalizado a través de una ley publicada en el Boletín Oficial este miércoles, tras la aprobación por parte del Congreso. Se establecieron dos acuerdos: uno con el fondo Bainbridge y otro con un grupo que incluye a varios fondos cuyo líder es Attestor Master.
En el Boletín Oficial se dio a conocer únicamente el anexo referente al acuerdo con Bainbridge, que estipula un pago de 67 millones de dólares por parte de Argentina. Con este pago, Bainbridge renuncia a cualquier obligación o reclamo respecto a la sentencia, bonos y otros litigios, aceptando la compensación como cancelación total de capital e intereses.
Detalles del acuerdo con Attestor
Respecto al acuerdo con Attestor, las informaciones sugieren que el país deberá abonar 104 millones de dólares. Sin embargo, el texto final de este acuerdo no ha sido divulgado al público. Por otra parte, el Tesoro deberá definir los plazos para estos pagos, que se registrarán en las cuentas públicas bajo la categoría de «Servicios de la deuda».
Impacto en los litigios pendientes
Este acuerdo con los bonistas que no participaron en reestructuraciones de deuda, conocidos como holdouts, representa un cierre definitivo de un conflicto que data de la crisis económica a principios de siglo. A pesar de que todavía hay inversores individuales con bonos en default por un total de 2000 millones de dólares, actualmente carecen del poder de presión que tenían los grandes fondos en litigio.
Aunque se ha logrado reducir la carga judicial de los holdouts, Argentina todavía enfrenta litigios internacionales pendientes que ascienden a aproximadamente 10.000 millones de dólares.
Caso del Cupón PBI
Un importante caso es el del Cupón PBI, donde un cambio en la fórmula de cálculo del crecimiento económico generó reclamaciones legales en Londres y EE. UU. La versión en euros resultó en una condena judicial en el Reino Unido, agotándose ya todas las instancias legales. Argentina debe ahora negociar el pago de cerca de 1800 millones de dólares, tras la ejecución de parte de la garantía exigida.
Este cambio de fórmula tuvo lugar durante el mandato de Cristina Kirchner y ha llevado a la nación a conflictos legales internacionales. Actualmente, hay demandas activas en EE. UU. por un total de 3500 millones de dólares respecto a la versión en dólares del mismo caso.
Otros litigios destacados
Un tema sensible en la escena industrial es la expropiación de Aerolíneas Argentinas, donde el fondo Titan Consortium posee un fallo firme del CIADI que condena a Argentina a pagar 390 millones de dólares. Aunque el CIADI carece de poder para ejecutar la sentencia, los demandantes han solicitado el reconocimiento de este laudo en Washington. Argentina, por su parte, ha presentado un recurso en sentido contrario, cuyo resultado sigue en espera.
Además, el CIADI alberga varios casos contra el país. Entre ellos, el fondo Burford, que financió el litigio por la expropiación de YPF, ha anunciado su intención de recurrir al CIADI para revertir un fallo adverso obtenido en segunda instancia. Paralelamente, también llevará un recurso a la Corte Suprema de EE. UU., aunque se considera que sus posibilidades de éxito son reducidas.