Prórroga del bono para jubilados
El bono destinado a los jubilados con haberes mínimos, que puede alcanzar hasta $70.000, será prorrogado nuevamente para su pago en septiembre, acumulando ya 30 meses en lo que se conoce como la ‘congeladora’. Esta decisión fue confirmada por el decreto 824/2026 publicado en el Boletín Oficial el día de ayer.
El bono se encuentra congelado desde marzo de 2024. Si se hubiera ajustado al ritmo del resto de los haberes, debería haber alcanzado un valor de $223.148. Por lo tanto, el haber mínimo total para septiembre debería haber sido de $651.781 en lugar de los actuales $498.633 (que comprende $ 428.633,20 más $70.000).
Impacto del congelamiento
Este escenario revela que el bono ha perdido un 70% de su valor desde su congelamiento por parte del Poder Ejecutivo. Además, sumando las pérdidas intermensuales y la falta de aguinaldos por la ausencia de actualización, la diferencia perjudicial para jubilados y pensionados en septiembre asciende a $153.148. Cabe destacar que el bono no forma parte del haber y no se computa para el aguinaldo.
Reacciones del Gobierno y su impacto
La postura del Gobierno es mantener el bono en estado de congelamiento, por lo que su valor se irá depreciando progresivamente. Esta decisión afecta a aproximadamente la mitad de los jubilados del SIPA (Sistema Previsional), es decir, alrededor de 3 millones de personas, además de unos 1,5 millones que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) y las pensiones no contributivas (PNC).
A lo largo del tiempo, el valor del bono ha disminuido notablemente, pasando de representar el 52% del haber mínimo en marzo de 2024 a tan solo 15% en el próximo cobro de septiembre. Si se mantiene este congelamiento, es probable que esta tendencia continúe acentuándose, hasta convertir al bono en una proporción irrelevante del total.
Por causa del bono congelado, los jubilados de haberes mínimos se ven en constantemente perjudicados por la inflación. Antiguos registros indican que entre enero y julio de este año, la inflación fue del 19,3%, mientras que el haber mínimo total subió solo un 17,3%, de $410.880 a $481.989. Las estadísticas para la PUAM y las pensiones no contributivas muestran incrementos de 16,6% y 16,1%, respectivamente.
Acciones legales
El congelamiento del bono de hasta $70.000 ha llegado a los tribunales. En agosto del año pasado, la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en el caso Varela Alberto c/ ANSeS, determinó que si un jubilado experimenta una pérdida mayor al 15%, el congelamiento es confiscatorio y viola el artículo 14 de la Constitución Nacional. Por ello, el Gobierno debería resarcir a los 4,5 millones de jubilados y pensionados que reciben este bono y otorgar el monto ajustado a quienes accedan a los haberes mínimos.
No obstante, el Gobierno ha decidido apelar esta sentencia.