Demora en la Convocatoria del Senado
El Gobierno está retrasando la convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para discutir la reforma política, mientras recalibra su estrategia de negociación con los gobernadores y bloques aliados. Desde Casa Rosada se señala que no se impulsará el tratamiento hasta contar con los apoyos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO nacionales de 2027, un objetivo primordial para Javier Milei.
«Hasta que no haya acuerdo cerrado no vamos a convocar«, aseguran desde el Gobierno Nacional. Esta decisión genera incertidumbre sobre la posibilidad de acelerar el debate en los próximos días y modifica las expectativas dentro del oficialismo, que esperaba obtener un dictamen y llevar la iniciativa al recinto en la última semana de octubre.
Situación Actual de las Negociaciones
En Balcarce 50 se reconoce que las conversaciones aún no han alcanzado el nivel de consenso requerido para poder establecer un cronograma parlamentario efectivo. La falta de avances persiste incluso después de la reciente reunión de la mesa política, celebrada el pasado martes en la Casa Rosada. Fuentes gubernamentales confirmaron que no hay novedades para adelantar una nueva convocatoria.
A pesar de que el bloque de La Libertad Avanza en el Senado comparte una evaluación similar, advierten que aún deben sostener conversaciones individuales con legisladores de los espacios más dialoguistas. El principal obstáculo se encuentra en la Cámara Alta, donde el oficialismo necesita reunir 37 votos para modificar el régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores, por lo que necesitan encontrar los 16 votos restantes entre la UCR, el PRO, bloques provinciales y sectores del peronismo disidente.
Condiciones de las Alianzas
En la conducción parlamentaria advierten que los acuerdos con los gobernadores no garantizan automáticamente el respaldo de todos los representantes de sus provincias. La negociación está lejos de estar cerrada dentro de la mesa política. Por un lado, Diego Santilli y otros sectores del Gobierno intentan reunir apoyos rápidamente, mientras que, en despachos vinculados a La Libertad Avanza, se sostiene que las definiciones sobre las asociaciones para 2027 se darán a conocer hacia finales de año.
En este sentido, se apuesta a mantener la capacidad de negociación y evitar concesiones territoriales antes de tener un panorama electoral más claro. Así, es percibida la candidatura presidencial de Milei como la principal herramienta para negociar con gobernadores que carecen de alternativas nacionales. Se relativizan, por lo tanto, las versiones sobre acuerdos predefinidos, ya que persiste el desafío de decidir sobre la distribución de candidaturas y las condiciones de competencia.
Modificaciones Prioritarias de la Reforma
El debate se centra ahora en dos modificaciones que la presidencia considera prioritarias: la suspensión de las PASO nacionales y la inclusión de un casillero para votar lista completa en la Boleta Única de Papel. El proyecto original preveía eliminar las primarias de forma definitiva, pero desde el Gobierno reconocen que la negociación se orienta hacia su suspensión en 2027, lo que evitaría su implementación en la próxima elección presidencial sin derogar el sistema de manera permanente.
La modificación de la Boleta Única además responde a otras expectativas electorales del oficialismo. La intención es permitir que los votantes puedan seleccionar con una sola marca todas las categorías de una misma agrupación, una opción que no se contempló en las elecciones nacionales de 2025. Desde el entorno libertario consideran que esta herramienta podría beneficiar a las listas legislativas que respalden la candidatura presidencial de Milei, aunque su éxito dependerá del comportamiento de los electores.
Dificultades en los Acuerdos Electorales
El debate también incluye un mecanismo de adhesión entre fuerzas nacionales y provinciales que facilite la construcción de acuerdos electorales adaptados a cada distrito. La estrategia que considera el Gobierno permite que La Libertad Avanza compita en ciertos contextos con gobernadores, al tiempo que logra entendimientos para respaldar una candidatura presidencial común. Sin embargo, esta implementación aún depende de las modificaciones que el Congreso logre aprobar.
Una preocupación compartida es que los acuerdos electorales y los respaldos parlamentarios avanzan a diferentes ritmos. Mientras Santilli mantiene diálogo con gobernadores que apoyan la suspensión de las PASO, en el Senado se reconoce que faltan compromisos individuales. Parte de los legisladores de la UCR, PRO y agrupaciones provinciales tienen posturas propias y no se alinean automáticamente con las negociaciones de sus mandatarios.
Impacto Político y Económico
La más reciente votación fallida en Diputados volvió a evidenciar esta disparidad. El Gobierno logró evitar que la oposición reuniera quórum para debatir la derogación del DNU 70/2023, en parte por la ausencia de legisladores vinculados a gobernadores favorables al diálogo. Sin embargo, en el oficialismo admiten que este resultado no asegura el mismo respaldo para una reforma electoral que requiere una mayoría especial y que impactaría en las condiciones de competencia de 2027.
Simultáneamente, la Casa Rosada reitera que el costo político de mantener las PASO no es tan alto. Desde un sector del Ejecutivo se argumenta que el contexto actual difiere del que enfrentó Mauricio Macri en 2019 y que el oficialismo está listo para competir bajo las reglas actuales. «No es tan grave que haya PASO. Somos competitivos igual«, afirman.
Perspectivas Legislativas y Estrategia Gubernamental
La discusión también refleja la preocupación por el impacto político y económico que el Gobierno desea evitar en un año electoral. En Balcarce 50 se piensa que una primaria presidencial con un resultado desfavorable podría generar incertidumbre en torno al programa económico. Por esa razón, la suspensión se mantiene como una prioridad, aunque algunos funcionarios advierten que acelerar las negociaciones podría precipitar la confrontación electoral.
Los plazos legislativos añaden otra complejidad. La Comisión de Asuntos Constitucionales retomo en septiembre el tratamiento de la reforma, tras cuatro meses, pero la discusión nuevamente quedó sin dictamen. El Gobierno debe asegurar los votos en el Senado y completar el trámite en Diputados. A este plan se suman el Presupuesto 2027 y otros proyectos que la administración busca aprobar antes de finalizar el año.
Desde el Gobierno consideran cada vez más probable la prórroga de las sesiones ordinarias durante diciembre para tener margen de negociación. Esta posibilidad está relacionada principalmente con el retraso en la aprobación del Presupuesto, que se proyecta para mediados o la tercera semana de noviembre. En este contexto, el Ejecutivo también busca mantener abierta la opción de avanzar en la reforma política si logra cerrar previamente los acuerdos necesarios.