Debates acalorados en el Senado
Este jueves, el Senado se encuentra en el proceso de discutir la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, una iniciativa que el Gobierno ha intentado aprobar durante meses. La discusión está marcada por al menos dos puntos cruciales que podrían generar tensiones en el recinto. Uno de estos puntos es la puja presupuestaria entre las provincias y el gobierno nacional sobre el financiamiento de los cambios propuestos. El segundo punto se refiere a las incumbencias profesionales, donde el dictamen de mayoría presentado por el Ministerio de Salud daría prioridad a los médicos y psiquiatras, haciéndolos indispensables para autorizar la internación involuntaria de un paciente.
Conflictos entre aliados y disidencias
Estos conflictos se evidencian en los dictámenes de mayoría y minoría que se someterán a discusión en la Cámara alta. A pesar de que el bloque La Libertad Avanza (LLA) reunió un total de 14 firmas de senadores para impulsar la reforma, algunos senadores aliados han expresado disidencias, ya sea totales o parciales, en relación a los puntos mencionados previamente. Aunque el dictamen de minoría -propuesto por senadores del bloque Convicción Federal– cuenta solo con tres firmas, las disidencias dentro del proyecto mayoritario presagian un debate complejo sobre la reforma de la ley 26.657, que figura al final de la agenda del día.
El impacto del presupuesto en la salud mental
El debate respecto al presupuesto es crucial. Los defensores de la ley vigente, sancionada en 2010, argumentan que el cambio de paradigma que busca promover es fundamental para desmanicomializar la atención y potenciar la voz del paciente, priorizando su reinserción social. Sin embargo, sostienen que el fracaso de la normativa se debe a la falta de aplicación y financiamiento adecuado.
En los últimos años, la falta de implementación y los recortes presupuestarios han llevado a consecuencias devastadoras para los pacientes y sus familias, quienes han comenzado a exigir cambios. Este reclamo fue recogido por sectores del oficialismo, y en abril de este año, el ex vocero presidencial Manuel Adorni anunció que se enviaría un proyecto de reforma a la ley vigente.
Propuestas sobre financiamiento y cooperación
Medio año después, el Senado está dispuesto a debatir dos dictámenes. El primero, promovido por LLA, propone cambios significativo al texto enviado por Lugones. No obstante, el proyecto podría ser sometido a modificaciones durante el debate. Uno de los puntos más sensibles es cómo se garantizarán los fondos para la salud mental. La ley actual estipula que el Estado nacional debe destinar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud a salud mental, pero la discusión gira en torno a cómo asegurar que este compromiso se traduzca en recursos reales, especialmente a nivel provincial.
El debate sobre profesionales de la salud mental
La ley vigente especifica que la atención de salud mental debe ser brindada por equipos interdisciplinarios, incluidos psicólogos, psiquiatras y otros profesionales. Para autorizar una internación, debe haber la evaluación de dos especialistas de distintas disciplinas, incluyendo un psicólogo. Sin embargo, el nuevo proyecto del Ministerio de Salud modifica este esquema, exigiendo que al menos uno de los dos profesionales sea un psicólogo o un médico psiquiatra para la internación.
El dictamen de mayoría ha introducido cambios en este sentido. Aunque se mantiene la necesidad de un psiquiatra en el equipo, se han flexibilizado los requisitos para las internaciones, permitiendo que un médico que no sea necesariamente psiquiatra también pueda firmar la autorización, a diferencia de lo que estipula la ley actual. Por su parte, el dictamen de minoría opta por preservar el esquema interdisciplinario de la ley existente, manteniendo los requisitos iniciales para las internaciones involuntarias.
Diferencias en las condiciones de internación
Además de estas cuestiones, ambos dictámenes presentan diferencias en cuanto a las garantías para las personas internadas sin consentimiento. Ambos proponen sustituir el criterio actual de «riesgo cierto e inminente» por «riesgo grave». Sin embargo, el dictamen de mayoría permite que un médico decida la internación, que luego deberá ser validada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 48 horas, mientras que el de minoría establece un plazo de 24 horas y exige la revocación inmediata de la medida si no se cumplen los requisitos necesarios.
Las diferencias también abarcan los lugares donde se pueden llevar a cabo las internaciones; el dictamen de mayoría permite hospitales e instituciones especializadas, pero prohíbe los manicomios, mientras que el dictamen de minoría prioriza los hospitales generales y limita el funcionamiento de establecimientos especializados a aquellos que no tengan un carácter asilar.